HAMBRE CERO: TIBIA reacción de Gobernador ante hallazgo de vidrios en comida servida por MANÁ en Hernandarias y que llevó a niños al hospital
Una grave denuncia sacude al programa Hambre Cero en Hernandarias, y todo el Alto Paraná, luego de que fueran encontrados fragmentos de vidrio en los alimentos servidos a alumnos de la Escuela Pública Mariscal López. La empresa responsable es Maná. Varios niños fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital Distrital de Hernandarias para ser sometidos a los primeros estudios médicos. Causó indignación en la población la reacción tibia del cuestionado gobernador, César Landy Torres, quien es el responsable del programa estatal en la región.
Los profesionales de blanco del Hospital Distrital de Hernandarias realizaron las evaluaciones iniciales y, según los datos proporcionados por los familiares, los menores deberán permanecer bajo observación durante al menos cinco días.
Este periodo será crucial para descartar eventuales lesiones internas u otras consecuencias derivadas de una posible ingestión de los fragmentos.
La comida cuestionada habría sido preparada y distribuida por la empresa Maná, contratada en el marco del programa Hambre Cero, cuya ejecución en Alto Paraná se encuentra bajo responsabilidad de la Gobernación, administrada por César Landy Torres.
El episodio causó indignación y temor entre los padres, quienes sostienen que la alimentación escolar debe ofrecer seguridad y tranquilidad, no convertirse en una amenaza para la salud de sus hijos.
Tras lo ocurrido, varios familiares manifestaron que ya no quieren que los estudiantes consuman las comidas distribuidas por el programa mientras no existan garantías claras sobre su preparación, transporte y manipulación.
DENUNCIAS ANTERIORES HABRÍAN SIDO IGNORADAS
El presunto hallazgo de fragmentos de vidrio no sería un hecho aislado dentro de los cuestionamientos al servicio.
Desde hace tiempo se acumulan denuncias relacionadas con la calidad, el estado y las condiciones de los alimentos entregados a los alumnos.
Los reclamos sistemáticos, sin embargo, habrían sido ignorados o minimizados por la administración departamental. La falta de una intervención firme permitió que las dudas continuaran hasta llegar a una situación que, de confirmarse, habría puesto directamente en peligro la integridad de los niños.
La empresa Maná ya arrastra varios cuestionamientos por el servicio que presta.
La firma unipersonal, conocida también comercialmente como Panadería y Confitería Maná, Restaurante Maná o Maná Gastronomía, tiene su sede en Hernandarias.
De acuerdo con los datos disponibles, la propietaria sería Isabel Petrona Gómez Cabrera, cuyo nombre también aparece mencionado como Isabel Petrona Cabrera Gómez o Petrona Isabel Gómez. Su esposo, Antonino Palacios, figura igualmente vinculado como copropietario y encargado de la gestión del establecimiento familiar.
TIBIA REACCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
Tras la denuncia, el cuestionado gobernador César Landy Torres emitió un comunicado en el que presentó el hecho como un supuesto caso y anunció la apertura de un sumario administrativo. La respuesta fue considerada insuficiente por los padres y sectores ciudadanos, teniendo en cuenta la gravedad del episodio.
La Gobernación no informó sobre la suspensión preventiva de la empresa ni sobre la interrupción de la distribución de alimentos elaborados por Maná mientras se realiza la investigación.
Tampoco comunicó, inicialmente, medidas extraordinarias para inspeccionar la cocina, preservar muestras de los alimentos, identificar el lote afectado o determinar cuántas instituciones recibieron productos preparados en las mismas condiciones.
Ante un hecho que involucra la salud de niños, la prioridad debió ser apartar preventivamente a la firma hasta esclarecer lo ocurrido y garantizar que ningún otro alumno quede expuesto a un riesgo similar.
Un simple sumario administrativo no parece suficiente frente a una denuncia de esta magnitud. Corresponde determinar qué controles realizaba la Gobernación, quién certificó la calidad de los alimentos, cómo se produjo la supuesta contaminación y por qué las denuncias anteriores no motivaron medidas más severas.
EXIGEN TRANSPARENCIA
Los padres exigen respuestas concretas, controles independientes y garantías reales antes de volver a permitir que sus hijos consuman los alimentos. La confianza en Hambre Cero quedó seriamente afectada por el episodio y por la tibia reacción de las autoridades departamentales.
La alimentación escolar es una obligación pública destinada a proteger a los estudiantes más vulnerables. Cuando los controles fallan, no solamente se comprometen recursos del Estado: se pone en riesgo la salud y la vida de los niños.
