CASO TÍA CHELA: Prieto y su pandilla también serán juzgados por ESTAFA y FALSIFICACIÓN
El Ministerio Público acusó por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal a Prieto y su pandilla, en el caso Tía Chela. Pero ahora el Tribunal avisó que serán también juzgados por estafa y falsificación. Estos dos nuevos hechos punibles podrían ser adicionados o cambiados. Las penas establecidas en el Código Penal para las figuras penales son muy similares. Los procesados siguen con su campaña de mentiras y manipulaciones, al no poder demostrar con documentos su inocencia.
El colegiado notificó a las defensas que podría considerar otras dos figuras penales, además de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia no constituye una condena ni una decisión definitiva sobre la calificación de los hechos.
El juicio oral por el caso Tía Chela incorpora un nuevo elemento: el Tribunal de Sentencia advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y a otros 11 acusados sobre la posible aplicación de los tipos penales de estafa y producción de documentos no auténticos.
AHORA DEBERÁN PREPARAR SU ESTRATEGIA DEFENSIVA POR LAS CALIFICACIONES QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN.
Miguel Prieto: estafa (coautor) y uso de documento no auténtico
Francisco Arrúa: estafa (coautor) y uso de documentos no auténticos
Fermín Ávalos: estafa (coautor) y usos de documentos no auténticos
Emili Vanessa Florentín: estafa (cómplice) y producción de documentos no auténticos (coautor)
Maggi Fariña: estafa (cómplice) y uso de documentos no auténticos (cómplice)
Sebastián Martínez: estafa (coautor) y producción de documentos no auténticos (cómplice)
José Félix Cáceres: estafa (cómplice) y producción de documentos no auténticos (cómplice)
Julián Benítez: estafa (cómplice) y producción de documentos no auténticos (cómplice)
Higinio Ramón Acuña: estafa (cómplice) y producción de documentos no auténticos (cómplice)
Cirle Alcaráz: estafa (cómplice) y uso de documentos no auténticos (cómplice)
Nelson Segovia: estafa (cómplice) y uso de documentos no auténticos (cómplice)
Las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel realizaron la advertencia ante los elementos incorporados durante el debate. Los procesados fueron llevados a juicio por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público.
La disposición se fundamentó en el artículo 400 del Código Procesal Penal, que contempla la advertencia ante una eventual modificación de la calificación jurídica. Con esta medida, los acusados y sus abogados podrán preparar sus argumentos y ejercer la defensa respecto de las otras figuras señaladas por el colegiado.
La posible inclusión de estafa y producción de documentos no auténticos podría modificar el marco penal aplicable. Sin embargo, esa determinación dependerá del análisis de las pruebas y de la resolución que adopte el tribunal al concluir el juicio.
UNA COMPRA DE ALIMENTOS BAJO CUESTIONAMIENTO
La causa investiga presuntas irregularidades en la adquisición de 25.000 kits de alimentos por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre marzo y julio de 2020.
Según la acusación fiscal, la administración municipal adjudicó directamente la provisión a la despensa barrial Tía Chela SRL mediante un procedimiento que habría sido direccionado para favorecer a la firma. Los cuestionamientos abarcan tanto las condiciones de contratación como el posterior desembolso de los fondos públicos.
El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones ocasionaron un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a las arcas municipales.
En ese esquema, la Fiscalía atribuye a Prieto, quien entonces ejercía como ordenador de gastos de la comuna, el supuesto liderazgo de una estructura integrada por funcionarios municipales que habría intervenido para concretar la contratación cuestionada.
El juicio continúa con el debate de las pruebas presentadas por las partes. Corresponderá al Tribunal de Sentencia establecer si los hechos fueron acreditados, definir su calificación jurídica y determinar la responsabilidad individual que eventualmente corresponda a cada acusado.
