VIDRIOS EN ALMUERZO ESCOLAR: Sumario sin resultado: DESNUDA que HAMBRE CERO en Alto Paraná es 100% CORRUPCIÓN.
GESTION DE LANDY TORRES
El hallazgo de fragmentos de vidrio en alimentos servidos por Maná en una escuela pública de Hernandarias sigue sin una explicación concluyente conocida. La Gobernación de Alto Paraná anunció una investigación, pero las familias reclaman conocer qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué controles impedirán que vuelva a suceder. El cuestionado gobernador, Cesar Landy Torres, nunca dio la cara sobre el caso, que muestra que hay 100% de corrupción en el programa Hambre Cero en el décimo departamento, donde el monto destinado es 125 millones de dólares.
Más de un mes después del hallazgo de fragmentos de vidrio en el almuerzo escolar de la Escuela Básica N.º 2411 Mariscal Francisco Solano López, de Hernandarias, persisten las preguntas sobre la seguridad de los alimentos distribuidos mediante el programa Hambre Cero.
El sumario anunciado por la Gobernación de Alto Paraná no tiene un resultado público localizado entre los antecedentes consultados, mientras los padres siguen reclamando explicaciones y garantías para sus hijos.
El gobernador, Landy Torres, con rótulo de corrupto, nunca dio la cara, en el hecho.
El episodio ocurrió el martes 15 de septiembre, alrededor de las 10:30. Tras recibir los avisos de docentes y estudiantes, el director Hernán Fernández verificó la presencia de objetos extraños y ordenó suspender la distribución del almuerzo en todos los niveles. Para entonces, las porciones ya habían llegado a alumnos desde el nivel inicial hasta el sexto grado. La institución comunicó lo sucedido a las autoridades educativas y departamentales.
Los testimonios recogidos después del hecho describieron fragmentos encontrados en distintas porciones y niños que llegaron a retirarlos de sus bocas. Estos relatos muestran la gravedad de la exposición, aunque no equivalen a una confirmación médica de que los escolares hayan ingerido vidrio. Tampoco se difundió, en las fuentes consultadas, un peritaje concluyente sobre el material y su procedencia.
La Gobernación informó entonces que dispuso una investigación administrativa de carácter sumarial y que los estudiantes evaluados no presentaban alteraciones en los controles iniciales. Ese resultado médico, sin embargo, no explica cómo los objetos llegaron a la comida ni resuelve las responsabilidades por lo ocurrido.
MANÁ SIGUIÓ PROVEYENDO Y SURGIÓ UNA HIPÓTESIS SIN PRUEBAS
La provisión estaba a cargo de Restaurante y Panadería Maná, identificada también como Panificadora Maná. Publicaciones periodísticas señalan como propietaria de la empresa unipersonal a Isabel Petrona Cabrera Gómez, aunque otras consignan sus apellidos en orden inverso.
El secretario de Educación de la Gobernación, Eligio Martínez, reconoció en declaraciones divulgadas el 21 de septiembre que todavía no existía certeza sobre cómo los fragmentos terminaron en platos de estudiantes de tres grados distintos. También informó que las cocineras de turno fueron apartadas y que la empresa, encargada entonces de abastecer a 21 escuelas, continuaba prestando el servicio.
Martínez llegó a mencionar un posible boicot de otra empresa interesada en el lote de provisiones. Pero una sospecha de sabotaje requiere evidencias: quién habría intervenido, cuándo y de qué manera. En los antecedentes consultados no aparecen pruebas públicas que permitan presentar esa hipótesis como una explicación demostrada.
Por su parte, representantes de Maná pusieron en duda el alcance de la denuncia y señalaron inicialmente que el objeto había aparecido en una sola ración, según la cobertura de los medios de prensa. Esa posición debe contrastarse con los testimonios sobre hallazgos en varias porciones mediante una investigación documentada.
CONTRATOS MILLONARIOS Y OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS
Maná ya había sido objeto de cuestionamientos periodísticos sobre su capacidad operativa y sus contrataciones públicas. Se informó en setiembre de 2025 que la firma obtuvo un contrato por aproximadamente G. 74.584 millones dentro de la licitación ID 458786, para alimentación escolar hasta agosto de 2027. Esos antecedentes requieren control documental y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad en el episodio de los fragmentos.
La magnitud del programa aumenta la exigencia de transparencia. Una publicación del 19 de octubre, basada en datos de Contrataciones Públicas, situó en US$ 126,7 millones las adjudicaciones acumuladas de Hambre Cero en Alto Paraná. La cifra corresponde a contratos adjudicados y no debe confundirse con un presupuesto anual.
El gobernador César Landy Torres, al frente de la administración departamental contratante, debe ofrecer una explicación pública respaldada por documentos. No se localizó entre las fuentes revisadas un pronunciamiento personal suyo que aclare el origen de los fragmentos y las conclusiones del procedimiento anunciado.
La Gobernación y su Secretaría de Educación deben informar quién instruye el sumario, qué diligencias se realizaron, si hubo análisis del material y qué controles se aplicaron antes de mantener la provisión. También corresponde explicar cómo se inspeccionan los ingredientes, la preparación y el servicio de las comidas.
La continuidad del almuerzo escolar exige controles verificables. Las familias tienen derecho a conocer qué falló y qué medidas concretas protegen ahora a sus hijos. Hambre Cero se financia con recursos públicos y atiende a niños: anunciar un sumario no sustituye la obligación de esclarecer un hecho de esta gravedad.
