Como el Clan PRIETO convirtió los BUSES ELÉCTRICOS en una GRAN ESTAFA al PUEBLO de CDE, donde ya se PERDIERON más de G. 53 mil millones
La compra de 20 buses eléctricos para Ciudad del Este, presentada como una apuesta para modernizar el transporte público, vuelve a quedar bajo cuestionamiento por su costo y sus resultados financieros. La exsenadora Nani Arrúa difundió un cuadro que registra un saldo negativo acumulado de G. 53.419.704.124 entre 2023 y 2026, incluyendo las cuotas de adquisición de las unidades, y acusó a los responsables del proyecto de comprometer recursos municipales con fines populistas. O sea, se está perdiendo dinero y quien paga el déficit es el pueblo con sus impuestos. No hay duda de que los buses son una gran estafa del Clan Prieto a los pobladores de la capital del Alto Paraná, y fueron comprados para tener apoyo mediático de un sector de la prensa de Asunción.
En una publicación titulada “El costo real del populismo y quién paga”, Arrúa sostuvo que la promesa de autosostenibilidad no se corresponde con los números que obtuvo, según explicó, mediante un pedido de acceso a la información pública.
La adquisición de las 20 unidades fue adjudicada a Cathay SAE, del Grupo Timbó, de los Zuccolillo, por G. 63.463.616.742, conforme al monto citado por la exlegisladora.
La contratación de esa empresa y una inversión superior a G. 63.463 millones también fueron reportadas cuando se anunció la llegada de la flota en 2023.
Un punto que no menciona la exsenadora es que los buses ya eran viejos y, con la compra direccionada que hizo el exintendente Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, él mismo también compró la protección mediática de un sector de la prensa de Asunción. Pero quien paga la cuenta es el pueblo.
LOS PASAJES APENAS CUBREN PERSONAL Y ENERGÍA
El cuadro divulgado consigna ingresos por pasajes de G. 8.885.761.555 entre 2023 y 2026, frente a gastos de personal y energía eléctrica por G. 8.992.480.000. Esto representa una diferencia negativa de G. 106.718.445 antes de incorporar las cuotas de compra de los vehículos.
Al sumar las cuotas consignadas para esos cuatro años, el saldo negativo alcanza los G. 53.419.704.124 denunciados por Arrúa. Por tanto, esa cifra reúne gastos operativos y pagos correspondientes a la adquisición de la flota; no constituye únicamente un déficit de funcionamiento del servicio.
El documento también incluye una cuota de G. 10.143.776.992 para 2027, que no está incorporada al saldo negativo acumulado hasta 2026. Tampoco precisa hasta qué mes llegan los ingresos y gastos anotados para este último año.
Los datos expuestos plantean un cuestionamiento concreto: aunque las recaudaciones se aproximan a los gastos de personal y electricidad, resultan insuficientes para cubrir, además, las cuotas de adquisición registradas en el cuadro.
EL COSTO FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS BARRIOS
Arrúa trasladó el debate financiero a las obras que, según sus estimaciones, podrían ejecutarse con un monto equivalente al saldo negativo señalado. Mencionó 330 cuadras de empedrado por G. 22.000 millones, 160 aulas por G. 12.000 millones, 22 plazas y parques por otros G. 12.000 millones y 100 kilómetros lineales de iluminación LED por aproximadamente G. 7.419 millones.
Se trata de una comparación planteada por la exsenadora, cuyos costos requieren respaldo técnico para establecer cuántas obras podrían concretarse.
Su crítica apunta a las prioridades de inversión de una ciudad donde persisten necesidades de infraestructura vial, desagües, aulas y espacios públicos.
“Jugaron con el dinero público, por populismo”, afirmó Arrúa al cuestionar la decisión municipal.
LA COBERTURA TAMBIÉN ESTÁ BAJO CUESTIONAMIENTO
La exlegisladora sostuvo que los buses eléctricos benefician principalmente a quienes viven sobre calles asfaltadas, mientras otros sectores continúan dependiendo de las empresas permisionarias tradicionales.
Según su denuncia, las cancelaciones de itinerarios, las unidades obsoletas y las dificultades financieras de esas empresas mantienen a numerosos usuarios con un servicio insuficiente.
Desde esa perspectiva, cuestionó que la compra de 20 vehículos haya sido presentada como una solución al problema general del transporte esteño.
Arrúa defendió una política municipal centrada en exigir a las operadoras inversión, calidad, frecuencia y cobertura, con fiscalización del precio del pasaje y del cumplimiento de los recorridos.
Los números difundidos dejan abierta una demanda de explicación pública: cómo se financian las cuotas, qué costos adicionales tiene el sistema y cuáles son sus resultados en pasajeros transportados, frecuencia y cobertura barrial.
La denuncia de Arrúa pone en discusión la sostenibilidad del proyecto, aunque el cuadro financiero, por sí solo, no acredita una estafa ni determina responsabilidades por irregularidades.
