CASO TAJY: Cómplices de PRIETO no devolvieron DINERO ROBADO y podrían perder beneficio JUDICIAL
Nelson Alexis Segovia Acevedo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Maggi Elizabeth Fariña Almada fueron convocados para el próximo 28 de octubre, luego de no acreditar ante el juzgado el cumplimiento de la reparación económica que aceptaron para acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Los integrantes de la pandilla del exintendente Miguel Prieto Vallejos no devolvieron el dinero que robaron al pueblo esteño. Son G. 30 millones cada uno. La causa investiga una presunta compra simulada de insumos para panificados por G. 306.188.500 durante la administración de Prieto. Emili Vanesa Florentin, la exnovia del exjefe comunal, está metida en el fato.
La salida alternativa concedida a tres procesados en el caso Tajy será revisada ante el incumplimiento de la obligación de presentar las constancias de reparación del daño a la Municipalidad de Ciudad del Este. Los beneficiados habían reconocido los hechos durante la audiencia preliminar del 4 de agosto y aceptado condiciones para evitar que el proceso avanzara a juicio oral.
Nelson Alexis Segovia Acevedo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Maggi Elizabeth Fariña Almada obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento por dos años. Estaban acusados por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de cómplices.
Entre las obligaciones asumidas figura el pago de G. 30 millones por persona, con la posibilidad de fraccionarlo hasta en 24 cuotas mensuales. En conjunto, los compromisos de reparación suman G. 90 millones.
Sin embargo, según la información sobre la convocatoria judicial, ninguno compareció ante la secretaría del juzgado para acreditar el cumplimiento de esa obligación. El requerimiento debía atenderse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación del Auto Interlocutorio número 258, del 13 de octubre de 2026.
Las audiencias del 28 de octubre se realizarán en forma individual: Segovia deberá presentarse a las 08:30; Alcaraz, a las 09:30; y Fariña, a las 10:30. El juzgado analizará sus explicaciones y la posible revocación del beneficio. La convocatoria todavía no implica que la suspensión condicional haya sido revocada.
UNA COMPRA BAJO SOSPECHA DURANTE LA PANDEMIA
El caso Tajy se remonta a una contratación municipal realizada durante la emergencia sanitaria de 2020 para adquirir insumos destinados a la elaboración de panificados para familias de escasos recursos.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que se utilizó una compra simulada para desembolsar G. 306.188.500 a favor de Tajy Servicios Generales. Según la acusación, el pago se efectuó el 11 de junio de 2020 por mercaderías que no fueron entregadas, ocasionando un perjuicio por ese monto a la comuna.
Uno de los puntos cuestionados es la capacidad de la firma adjudicada para cumplir el contrato. El fiscal Silvio Corbeta afirmó que los documentos de la Contraloría y otras instituciones respaldan que la empresa carecía de capacidad operativa y no desarrollaba la actividad necesaria para suministrar los insumos de panadería. También sostuvo que la licitación habría sido direccionada. Estas afirmaciones forman parte de la acusación que deberá debatirse en juicio.
PRIETO Y OTROS SEIS ACUSADOS FUERON ENVIADOS A JUICIO
Durante la audiencia preliminar de agosto, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la acusación y dispuso la apertura a juicio oral para Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Yamal Samhat González e Higinio Ramón Acuña.
En esa misma instancia, Segovia, Alcaraz y Fariña accedieron a la suspensión condicional del procedimiento. Respecto de Buenaventura Morínigo, titular de Tajy, se declaró extinguida la acción penal y se dictó su sobreseimiento definitivo por fallecimiento.
La elevación a juicio fue posteriormente ratificada por un Tribunal de Apelación, según lo informado el 15 de octubre. La causa comprende acusaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Ahora, el expediente vuelve a poner bajo examen la situación de los tres beneficiados con la salida alternativa. El punto que deberá resolverse el próximo 28 de octubre es por qué no acreditaron la reparación comprometida y si corresponde mantener las condiciones que les permitieron evitar el juicio oral.
