Gobernación anuncia sede del Lince terminada, pero edificio sigue vacío y bajo cuestionamientos
La nueva sede en Ciudad del Este del Grupo Lince de la Policía Nacional fue presentada como concluida y habilitada, pese a que permanece prácticamente vacía y policías advierten sobre deficiencias para su funcionamiento. Esto sucede dos días después de un acto oficial donde debió ser inaugurado y no lo hicieron porque está inconclusa. La obra acumuló un año de atraso y un aumento de unos G. 600 millones, sin explicaciones públicas del gobernador César Landy Torres sobre estos puntos. Otro negociado con la Corporación Lemuria S.A., al desnudo.
Dos días después del acto en el que se esperaba la inauguración del edificio del Grupo Lince en Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná anunció que la construcción había concluido y que la sede estaba habilitada.
Sin embargo, el edificio permanece prácticamente vacío y, según los cuestionamientos de efectivos policiales, presenta deficiencias que dificultan su utilización operativa.
La situación abre una pregunta central: ¿qué cambió en esos dos días para presentar como terminada y habilitada una sede que, de acuerdo con los datos recogidos, todavía estaba inconclusa durante el acto?
El anuncio institucional tampoco aclara si el edificio fue formalmente recibido ni si reúne todas las condiciones para que el personal policial se instale y trabaje allí.
Hasta el momento no se mostró el acta de recepción definitiva de las obras, ni el certificado de conclusión.
En su interior solamente se observan algunas camas en una de las habitaciones, según la información disponible. El resto de las instalaciones permanece sin una ocupación efectiva. No hay muebles, nada.
La construcción fue adjudicada a Corporación Lemuria S.A., representada por Pablo Adriano Rodríguez Rodas. La obra arrastraba aproximadamente un año de retraso y un incremento de unos G. 600 millones respecto del presupuesto original.
La construcción fue adjudicada por G. 1.967 millones y, según los documentos citados para esta nota, una adenda elevó el monto a unos G. 2.551 millones.
Sobre ambos puntos, el gobernador César Landy Torres no ofreció explicaciones en el informe difundido.
El comunicado tampoco detalla qué trabajos justificaron el aumento, cuáles fueron las causas de la demora ni qué medidas se adoptaron ante el incumplimiento del plazo inicialmente establecido.
Las preguntas son relevantes porque los plazos forman parte de las obligaciones asumidas por la empresa contratista. Corresponde conocer si existieron prórrogas debidamente justificadas, cómo fueron autorizadas y si se evaluó la aplicación de las penalidades previstas en el contrato.
TRES NIVELES Y 870 METROS CUADRADOS
En su informe oficial, la Gobernación afirma que concluyó la construcción de la sede de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (UOTM), conocida como Grupo Lince, ubicada en el predio de la institución departamental.
Según esa descripción, el edificio tiene 870 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. La planta baja incluye estacionamiento, taller para vehículos, oficinas administrativas, recepción, sala de procedimientos y una habitación con baño privado para el jefe de la unidad.
El primer piso está destinado al personal femenino y dispone de dormitorios, sanitarios, lavadero, cocina, despensa y comedor. El segundo piso contempla dormitorios para el personal masculino, sanitarios y lavadero.
La Gobernación sostiene que la infraestructura permitirá mejorar las condiciones operativas y de alojamiento de los agentes. Sin embargo, esa finalidad contrasta con los señalamientos de policías que advierten que el edificio presenta deficiencias y todavía no resulta operativo.
Un anuncio que deja preguntas pendientes
La descripción de ambientes y superficie no responde a los cuestionamientos sobre el estado real de la sede. Sigue pendiente conocer cuándo comenzará a funcionar plenamente, qué equipamiento falta y cómo se resolverán las deficiencias señaladas por el personal que debe utilizarla.
También falta una explicación documentada sobre el año de atraso y los G. 600 millones adicionales. Anunciar que la construcción terminó no esclarece esas decisiones ni permite comprobar, por sí solo, que el edificio está en condiciones de cumplir la función para la cual fue contratado.
