LADO OSCURO del “BOOM” INMOBILIARIO en CDE: Vecinos “SOBERANOS” contra la CORRUPTELA municipal y VORACIDAD empresarial.
No hay dudas de que el “boom” inmobiliario en Ciudad del Este es bueno para la macroeconomía. Pero esto debe ser dentro del respeto a las normas legales, y por sobre todo respecto al soberano pueblo que comienza a levantarse contra los abusos. Son pobladores del barrio Boquerón II, que quieren impedir la construcción del edificio “Soberano”, que sigue gracias a la corruptela municipal y la voracidad empresarial.
La construcción de un edificio de 12 pisos en medio de casas residenciales será un grave problema de convivencia y trastornos para la edificación. Todo se está haciendo violando las normas legales vigentes. Los pobladores denuncian que corre mucha plata por debajo de la mesa. Dicho en otras palabras, sería soborno o coima.
Este es el lado oscuro del boom inmobiliario que sigue a pasos agigantados, pisoteando los derechos de los ciudadanos ante empresarios inescrupulosos y un clan político, el Clan Prieto, cuyo modo de gobernar es la corrupción en primer lugar.
De acuerdo a lo que se divulga en las redes sociales, el intendente interino, Pedro
Acuña desafía a 265 vecinos y avala edificio que violaría ordenanza municipal. Esto es el lado nefasto del boom inmobiliario que muchos no quieren ver, pero que saben que existe.
El intendente interino Pedro Acuña, quien es el cuñado recaudador del exintendente Miguel Prieto, rechazó el pedido de reconsideración contra la construcción del edificio Soberano, pese a que los vecinos sostienen que el proyecto contradice una ordenanza que el propio Acuña había votado como concejal.
La decisión de Acuña desató una fuerte reacción de los vecinos del barrio Boquerón II, quienes denuncian que la municipalidad está habilitando la construcción de un edificio de 12 niveles en abierta contradicción con la Ordenanza Municipal n.º 06/2026.
Mediante la Resolución n.º 442, del 7 de agosto de 2026, Acuña rechazó el recurso de reconsideración presentado por 265 vecinos que se oponen al proyecto denominado Soberano, atribuido a Carlos Javier Mereles Pavón.
Los pobladores cuestionan especialmente que Acuña haya tomado esta decisión pese a que, durante su gestión como concejal municipal, había votado la misma ordenanza que —según sostienen— estaría siendo vulnerada con la autorización otorgada al emprendimiento.
Otro que está metido en el fato es el concejal rastrero, Sebastián Martínez, quien ya está imputado por robo en pandemia.
Los vecinos también lanzaron acusaciones mucho más graves: sostienen que detrás de la autorización existiría un supuesto arreglo económico y un posible conflicto de intereses, señalando a Mereles como presunto “prestanombre”.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias de los pobladores y deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes.
La organización vecinal anunció que llevará el caso ante la Justicia y advirtió que no permitirá que, según su expresión, “a los amigos todo y al resto la ley”.
El conflicto vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión de Acuña, quien enfrenta además procesos judiciales, mientras los vecinos exigen que se determine si la autorización del edificio se ajusta realmente a la normativa municipal vigente.
