ATROPELLO ECOLÓGICO en Ciudad del Este: Aplanan un HUMEDAL y destruyen NACIENTES para construir local de FORTIS.
Pese a la manifiesta violación de las leyes de protección ambiental y de aguas, la obra de la empresa Fortis Mayorista avanza sin freno en Ciudad del Este. La devastación del ecosistema que nutre al arroyo Amambay ocurre ante la inacción de la Municipalidad local y del MADES. Rellenaron un humedal y ahora están destruyendo “venas” de agua potable que alimentan el mencionado cauce hídrico y el Lago de la República.
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GRAVE DELITO AMBIENTAL EN CIUDAD DEL ESTE
Lo que debería ser una zona protegida por su inestimable valor ecológico se ha convertido en el escenario de un grave crimen ambiental en el barrio Amambay. La construcción de un multitudinario complejo comercial impulsado por la firma Fortis Mayorista avanza sobre un humedal histórico, destruyendo a su paso el cauce natural y las venas de agua potable que alimentan al arroyo Amambay.
Para dar paso al imponente edificio, los responsables del proyecto rellenaron y realizaron un terraplén masivo directamente sobre el humedal.
La alteración del terreno provocó un fenómeno devastador: la exposición de enormes napas y venas subterráneas de agua cristalina y potable que brotan de forma continua en el lugar.
Lejos de detener los trabajos ante la evidencia del daño ecosistémico, la constructora opera con maquinarias pesadas para intentar aislar y contener las nacientes, en un esfuerzo por desviar y sofocar el caudal de agua pura para poder cimentar la estructura comercial.
Esta maniobra técnica es calificada por los vecinos y observadores como un burdo intento de maquillaje ante un atropello flagrante a las normas legales vigentes.
DESIDIA DE LAS AUTORIDADES
El hecho ocurre bajo la completa mirada pasiva e indiferencia de los organismos encargados de velar por el patrimonio natural:
Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de CDE: El director es Juan Martínez. A pesar de tener la potestad y la responsabilidad de fiscalizar las obras dentro de su ejido urbano y suspender de inmediato las construcciones que atenten contra los recursos hídricos, la dependencia municipal ha mostrado una total inacción.
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES): A cargo del ministro Rolando de Barrios Barreto. Como autoridad de aplicación a nivel nacional, la falta de intervención oportuna del MADES deja al descubierto una preocupante desidia frente a la alteración irreversible de los recursos hídricos del departamento de Alto Paraná.
LO QUE DICE LA LEY: Las violaciones normativas de la obra
El desarrollo de este complejo comercial vulnera directamente pilares fundamentales de la legislación ambiental paraguaya:
Ley 3.239/07 «De los Recursos Hídricos del Paraguay»: Declara al agua como un bien de dominio público e inalienable. Prohíbe taxativamente la alteración, secado, relleno o contaminación de nacientes, humedales y acuíferos que den origen a cauces hídricos, priorizando la preservación de las recargas subterráneas y el consumo humano sobre cualquier emprendimiento privado.
Ley 5.256/14 «De Protección de Hoyas Hidrográficas y Nacientes de Agua»: Garantiza la protección irrestricta de las nacientes y establece franjas de seguridad o zonas de protección obligatorias donde no se puede realizar ningún tipo de movimiento de suelo, construcción ni relleno.
Ley 3.556/08 «De Protección y Conservación de los Humedales»: Establece que los humedales constituyen ecosistemas de altísima prioridad nacional que no pueden ser rellenados ni canalizados para fines urbanísticos o comerciales sin estudios de impacto de extrema rigurosidad que garanticen la no alteración del equilibrio hidrológico.
Ley 716/96 «Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente»: Contempla sanciones penales y de cárcel para quienes alteren el curso natural de las aguas, destruyan humedales o realicen obras sin las medidas de mitigación requeridas por ley.
Mientras el agua pura sigue brotando de la tierra arrasada por las excavadoras, la comunidad del barrio Amambay y los defensores del medio ambiente exigen la intervención inmediata de la Fiscalía del Medio Ambiente, la paralización de las maquinarias y la puesta en marcha de un plan de remediación antes de que la destrucción del acuífero y del arroyo Amambay sea definitiva.
