CASO “TÍA CHELA”: Frente a las evidencias y los fiscales, la presión callejera no frena el juicio a Miguel Prieto
Este lunes 31 de agosto, a partir de las 08:00, se inicia el juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, por el emblemático caso conocido como “Tía Chela”. Como respuesta, el político corrupto líder del partido Yo Creo (Clan Prieto) intentó responder desde la movilización callejera: encabezó el traslado de funcionarios municipales a Caacupé tratando de demostrar un supuesto apoyo popular que no tiene. Sin embargo, las contundentes pruebas que constan en el expediente no se borran con una manifestación de funcionarios, coacciones y operadores pagados. Lo que Prieto debe mostrar con documentos es su inocencia, y eso no lo puede hacer ante la contundencia de las evidencias en su contra.
El espectáculo montado busca proyectar una imagen de sólido respaldo popular en el preciso momento en que debe comparecer ante los tribunales. Pero esto es parte de una campaña engañosa, al estilo nazi, que desde años viene aplicando para embaucar a los ciudadanos.
Lo del chaleco antibala, ya lo había usado anteriormente y ahora lo hace nuevamente, en una clara intención de embromar a las personas presentándose como víctima, cuando él es el carrasco.
La táctica es conocida: victimizarse con el discurso de la persecución política, rodearse de simpatizantes y llevar a las calles una disputa que únicamente debe dirimirse con pruebas e instrumentos legales ante los jueces. Pero una caravana no justifica ni justifica el destino de los millonarios recursos cuestionados.
ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES DEL CASO
La causa penal impulsada por el Ministerio Público cuenta con la acusación formal formulada por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción: Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas.
El tribunal que va a juzgar a Prieto está integrado por las juezas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
La investigación fiscal sostiene que Miguel Prieto encabezó un esquema de corrupción institucionalizado durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en el año 2020. La acusación radica en la supuesta compra simulada y amañada de 25.000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables, adjudicada a la firma proveedora “Tía Chela SRL”. Esta es la despensa barrial que vendió alimentos por 500 mil dólares a la municipalidad supuestamente, y algunos días después cerró sus puertas, dejando inclusive deuda por el alquiler del salón que ocupaba.
Según la tesis del Ministerio Público, la licitación fue direccionada a una empresa vinculada al entorno del propio exintendente y la entrega de las mercaderías nunca fue sustentada documental ni físicamente en su totalidad, ocasionando un daño patrimonial estimado en G. 2.130.036.016 a las arcas municipales de Ciudad del Este. Por estos hechos, Prieto y otros diez colaboradores enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal.
Ese es el punto exacto que Prieto y los demás procesados deberán explicar ante la justicia. No importa cuántos funcionarios sean movilizados hasta la capital ni cuántas personas sean exhibidas como respaldo. La magnitud de una marcha política no guarda relación alguna con la solidez técnica de una defensa en estrados judiciales.
EL USO DE LA ESTRUCTURA PÚBLICA
Uno de los aspectos más cuestionables de la jornada es el uso de funcionarios municipales para una demostración de fuerza personal. Los trabajadores de la comuna tienen el deber constitucional y legal de prestar servicios a los contribuyentes, no de ser instrumentalizados como parte de un operativo político destinado a escoltar a un exdirigente en el inicio de su juzgamiento.
La Municipalidad de Ciudad del Este no es el comité político de Miguel Prieto. Sus funcionarios no deben operar como escudo protector para un líder que enfrenta acusaciones graves por el manejo de fondos públicos.
Asimismo, la narrativa de la persecución política carece de sustento cuando se repasa el origen del caso. No fueron sus adversarios tradicionales ni la oposición quienes promovieron las denuncias; las presuntas irregularidades y el millonario perjuicio salieron a la luz a partir de señalamientos y denuncias formuladas por personas que formaron parte de su propio círculo de confianza y antiguos aliados. Las acusaciones nacieron de las propias operaciones de su administración, puestas bajo la lupa de la Fiscalía e integradas ahora con pericias, documentos y testimonios que deberán ser confrontados en el debate oral.
HORAS DE DEFINICIÓN EN ESTRADOS
Si el exintendente sostiene que las acusaciones son falsas, el juicio oral representa la oportunidad procesal para demostrarlo. Para ello no requiere de una multitud en la vía pública; requiere responder con precisión a la imputación fiscal, justificar los pagos ejecutados y desacreditar el catálogo probatorio presentado por los fiscales Corbeta, Estigarribia y Zayas.
Pero lo que hasta ahora demostró Prieto es que no puede demostrar su inocencia ante la contundencia de las evidencias. Primero fueron las chicanas, después las puteadas con las cuales quiso probar su inocencia, y finalmente quiso aplicar la violencia en las calles para frenar el juicio en su contra.
Resulta contradictorio que quien se postuló como una alternativa renovadora frente a la vieja política recurra al clientelismo y al uso de la estructura estatal para armar demostraciones de fuerza. La caravana podrá llenar rutas y generar impacto en redes sociales, pero no modifica una sola foja de la carpeta fiscal ni resta un solo guaraní al monto del presunto desfalco.
Mientras Prieto se sienta en el banquillo de los acusados acompañado por el ruido mediático y político, el caso “Tía Chela” vuelve al único terreno donde corresponde resolverlo: los tribunales. Allí no tienen peso los discursos ni las presiones de las calles. Deberán hablar las evidencias. Y si la acusación del Ministerio Público resulta contundente, ninguna marcha podrá hacerla desaparecer.
