Detalles del caso TÍA CHELA, ROBO en PANDEMIA del Clan Prieto.
Aquí publicamos los detalles del caso de la despensa barrial “Tía Chela”, de donde el exintendente, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su gavilla dicen que compró alimentos por 500 mil dólares. La despensa después de esto cerró. Ahora Prieto y su cameralilla van a juicio por este robo en pandemia. Mientras miles de paraguayos morían y pasaban hambre, Prieto y sus secuaces facturaban.
En este caso, la acusación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Valdez le atribuye la lesión de confianza, específicamente el perjuicio patrimonial que habría sido ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este en el año 2020 con las compras en pandemia usando la vía de excepción para distribución de kits de alimentos.
“Para el Ministerio Público no se realizó una contraprestación equitativa a lo que se pagó, por parte de esta empresa Tía Chela, que no tenía ni la solvencia económica ni la capacidad económica ni tampoco logística para proveer los alimentos en el marco de la emergencia sanitaria”, dijo el fiscal Silvio Corbeta.
De acuerdo a la acusación, Miguel Prieto Vallejos, en su calidad de intendente, entre los meses de marzo y julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G 2.130.036.160, con la promoción de una Licitación Pública por la vía de la excepción con ID 382.177, cuya contratación estuvo direccionada a la empresa proveedora, que es la despensa barrial TIA CHELA SRL, de Fermin Avalos Britos, que en su fachada se describe como un «Autoservice». Hay que recordar que, luego de la millonaria venta a Prieto, la despensa barrial cerró sus puertas y ni pagó el alquiler.
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó las siguientes irregularidades en el proceso de licitación:
No se halla suficientemente acreditada la invocación de URGENCIA IMPOSTERGABLE como causal para recurrir a un procedimiento de excepción a los procesos ordinarios de contratación vigentes.
El Pliego de Bases y Condiciones para la presente contratación no contenía requisitos de evaluación y calificación, como ser: Capacidad Financiera, Técnica y de Experiencia.
Invitaciones cursadas a potenciales proveedores, que no reúnen condiciones mínimas para el cumplimiento contractual, y vinculadas entre sí.
Inconsistencias en los criterios evaluados del Informe de Evaluación de Ofertas, en los aspectos de Capacidad Financiera, Técnica y de la Experiencia.
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato presentada en formato de Declaración Jurada.
No se observan notas de remisión para la entrega de bienes, establecida en la carta de invitación.
LOS ACUSADOS:
Miguel Prieto Vallejos, intendente de Ciudad del Este: Lesión de confianza y asociación criminal, en calidad de autor.
Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, actual secretario general de la Intendencia y amigo personal de Prieto: Lesión de confianza y asociación criminal, en calidad de autor.
Por lesión de confianza en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autores:
Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social, actual concejal municipal rastrero de Prieto. Tiene dos imputaciones. Tenía vinculación con investigados por el esquema de lavado de dinero de drogas en el caso A Ultranza Py. Tiene otras dos imputaciones por robo en pandemia.
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario. Ya no está en el cargo.
Julián Benitez Gamarra, Jefe de Almacenes. Ya no está en ese cargo. Fue enviado a la Biblioteca Municipal.
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Fermín Avalos Britos, representante legal de la empresa proveedora TIA CHELA SRL
Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal de la empresa VANEMI SA (subproveedor de TIA CHELA). Funcionaria planillera de la municipalidad. La misma era pareja del intendente Prieto. Es planillera VIP en la comuna.
CONFESARON EL ROBO:
Maggi Elizabeth Fariña Almada, Coordinadora de la UOC. Ya no está en el cargo; fue rajada.
Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Encargada de órdenes de pago
Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero, ya no está.
ANTECEDENTES Y PROCESO JUDICIAL
La imputación y acusación (2023 – 2024): Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron y posteriormente presentaron acusación formal solicitando la elevación del caso a juicio oral, argumentando la existencia de pruebas documentales y testimoniales que respaldan la hipótesis del desvío de fondos.
Elevación a juicio oral: En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú dio luz verde al pedido del Ministerio Público. La defensa del exjefe municipal planteó diversos recursos de apelación buscando la nulidad de la causa.
Confirmación en segunda instancia (2026): El Tribunal de Apelaciones rechazó las chicanas y planteamientos defensivos, ratificando que el caso debía dirimirse en un juzgamiento público.
Fijación de fecha: El Tribunal de Sentencia dejó firme el arranque del debate público para la mañana del 31 de agosto.
