Una imputación vuelve a unir al exjefe de Inteligencia de Senad y su exesposa
Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos vuelve a poner en el mismo expediente al exjefe de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa, Andrea Karina Martí. Ambos fueron imputados por la Fiscalía a raíz de una serie de operaciones patrimoniales que, según la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con sus ingresos lícitos declarados.
La agente fiscal Belinda Bobadilla, titular de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), individualizó operaciones por aproximadamente G. 2.802 millones, cuyo origen lícito no habría podido ser justificado durante la investigación. Del monto total, unos G. 1.617 millones corresponderían a adquisiciones y operaciones realizadas conjuntamente por Ruiz Díaz y Martí, mientras que el resto estaría relacionado con movimientos atribuidos de manera individual a cada uno.
Entre las operaciones bajo la lupa aparece la adquisición de un Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000. De acuerdo con la investigación, aproximadamente G. 620 millones habrían sido abonados en efectivo, con fondos cuyo origen lícito no habría podido ser justificado.
También están bajo análisis dos inmuebles ubicados en Villa Elisa. En uno de los casos, la escritura habría consignado un precio de G. 170 millones, mientras que la Fiscalía estima que el valor real de la operación habría sido de aproximadamente G. 765 millones. La investigación detectó además depósitos en efectivo por unos G. 419 millones, cancelaciones de obligaciones y otros movimientos financieros. Entre ellos figura una operación por G. 200 millones que posteriormente habría sido convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).
Según la tesis fiscal, el mayor incremento patrimonial investigado se habría producido durante el periodo en que Ruiz Díaz ejercía como director de Inteligencia de la SENAD. A uno de los procesados también se le atribuye provisionalmente la presunta producción de documentos no auténticos, por supuestamente haber presentado ante una concesionaria una constancia falsa de ingresos en concepto de bonificación.
La causa se encuentra en etapa investigativa. Las imputaciones formuladas por el Ministerio Público son provisionales y se sustentan en los elementos de convicción reunidos hasta el momento. Las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas durante el avance del proceso.
