Licitación de un US$ 1 millón para compra de TUMBAS y MOTOS con “NOMBRE y APELLIDO”; realiza municipalidad de CDE.
Una licitación con nombre y apellido, y por un millón de dólares, realiza la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del Clan Prieto, desde 2019. La millonaria compra la hacen en apuro y en las puertas de las elecciones municipales. Es para la compra de 7 camiones tumbas y 6 motos. El Pliego de Base y Condiciones (PBC) revela que el proceso está direccionado. En la apertura de ofertas, dos empresas presentaron propuestas económicas y son Cathay SAECA del Grupo Timbo, de los Zuccolillo; y Rodomaq del Grupo Inpasa. El proceso ya se adjudicó a los Zuccolillo.
El proceso licitatorio impulsado por la Municipalidad de Ciudad del Este para la adquisición de siete camiones volquete —también denominados “tumbas”— y seis motocicletas genera fuertes cuestionamientos ante indicios de que las especificaciones técnicas habrían sido elaboradas para favorecer a determinadas marcas y proveedores.
La municipalidad de Ciudad del Este es manejada por el Clan Prieto desde 2019. Actualmente está como intendente Pedro Acuña, el cuñado recaudador del exintendente Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto. El proceso se inició cuando aún era intendente Dani Pereira Mujica, considerado el cerebro de los esquemas de corrupción en la comuna.
Las sospechas surgen al analizar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). En el apartado correspondiente a los camiones, las características exigidas coincidirían prácticamente con las de los vehículos de procedencia china de la marca Howo, representada en Paraguay por Catahy SAECA, firma perteneciente al Grupo Timbo, de los Zuccolillo.
Una situación similar se presenta con las motocicletas. El pliego exige que las unidades tengan una cilindrada específica de 190 cc, característica que, según los cuestionamientos formulados al proceso, limitaría la competencia y beneficiaría a modelos de la marca Honda.
Esta condición dejaría fuera a motocicletas ensambladas o fabricadas en Paraguay, pese a que podrían cumplir con las necesidades operativas de la institución municipal.
La exigencia de características tan puntuales despierta dudas sobre si el llamado fue diseñado para garantizar una competencia abierta o para ajustar la compra a productos previamente determinados. En los procesos de contratación pública, las especificaciones técnicas deben responder a las necesidades de la institución y evitar restricciones injustificadas que reduzcan la participación de potenciales oferentes.
CUESTIONAMIENTOS ENTRE OFERENTES
Para la presentación de ofertas acudieron Catahy SAECA, del Grupo Timbo, y Rodomaq S.A., vinculada al Grupo Inpasa.
Sin embargo, el procedimiento estuvo marcado por controversias desde el cierre del acta de recepción: ambas empresas formularon observaciones y cuestionamientos respecto a la documentación presentada por su competidora.
Estas objeciones quedaron asentadas de puño y letra en el acta correspondiente, documento que evidencia la disputa entre los oferentes y agrega nuevos elementos de sospecha a una licitación que ya era cuestionada por las características incluidas en el PBC.
El representante de Catahy señaló que Rodomaq habría presentado un formulario de oferta diferente y desfasado respecto al modelo oficial publicado en el llamado. También sostuvo que su competidora incorporó información adicional —como un correo electrónico— que no formaría parte del formulario oficial aprobado por una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Por su parte, el representante de Rodomaq formuló una extensa lista de cuestionamientos contra la documentación de Catahy. Según lo escrito en el acta, esta firma no habría presentado el catálogo del producto ni los datos garantizados del bien ofrecido.
Rodomaq también alegó que Catahy no adjuntó copias de contratos o facturaciones para demostrar su capacidad técnica, autorización del fabricante, información sobre sucursales o talleres ni comprobantes de técnicos capacitados. Además, cuestionó la supuesta falta de una declaración jurada sobre el mantenimiento y la provisión de repuestos. Incluso afirmó que la constancia de RUC de la empresa estaría vencida en el perfil del proveedor.
UNA SOLICITUD A MEDIDA
Las observaciones recíprocas evidencian una dura disputa entre los participantes y obligan al comité evaluador municipal a revisar cuidadosamente la documentación. Corresponderá determinar si las objeciones afectan aspectos sustanciales de las ofertas o si se trata de elementos subsanables que no justifican una descalificación.
Más allá de esta controversia, el principal cuestionamiento se concentra en la elaboración del PBC. La Municipalidad deberá explicar técnicamente por qué exigió características que coincidirían con determinados productos y si realizó un estudio de mercado que garantizara la libre competencia.
La compra involucra recursos públicos y equipos destinados a los servicios municipales.
Por ello, la administración comunal deberá transparentar cada etapa y demostrar que las condiciones no fueron diseñadas para beneficiar anticipadamente a alguna marca o empresa. Mientras estas dudas no sean aclaradas, persistirá la sospecha de una licitación preparada prácticamente con nombre y apellido.
