CASO TÍA CHELA: La entrega de kits no desvirtúa las FACTURAS FALSAS ni el PERJUICIO de G. 2.130 millones.
La tercera jornada del juicio oral y público por el caso conocido como “Tía Chela” se desarrollará este lunes 14 de septiembre. Miguel Prieto Vallejos y su pandilla deberán responder por las presuntas irregularidades detectadas en la compra de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia, operación que, según la acusación del Ministerio Público, habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Prieto y sus secuaces no pueden demostrar su inocencia con documentos, y tratan de justificar la ilegalidad diciendo que entregaron los alimentos, cuando esto no es lo que se cuestiona. Y tampoco pueden demostrar que los productos comprados de la despensa barrial son los que dieron a familias pobres.
La estrategia pública del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, apunta nuevamente a sostener que los kits fueron entregados a las familias beneficiarias. Pero tampoco demuestra con documentos que los alimentos que dice haber entregado son los que fueron comprados de la despensa barrial “Tía Chela”. Hay que recordar que se hicieron otras dos compras de otros dos negocios casi en forma simultánea, y por montos superiores.
Atendiendo a las compras, Prieto y su pandilla debieron distribuir más de 75 mil kits a 75 mil familias en CDE. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son?
Sin embargo, ese argumento no responde al fondo de la acusación: cómo una pequeña despensa barrial, denominada Tía Chela SRL, obtuvo mercaderías por aproximadamente US$ 500.000 para proveer a la comuna esteña y qué documentación respaldó esas adquisiciones.
La despensa barrial estaba sobre la avenida América en el Área 4. La despensa cerró, y hasta se quedaron debiendo por el alquiler después de haber vendido productos por 500 mil dólares a la comuna.
El Ministerio Público no discute simplemente si existió alguna entrega de alimentos. Lo que busca determinar es si efectivamente fueron entregados los 25.000 kits pagados por la Municipalidad, si la adjudicación fue direccionada y si Tía Chela tenía capacidad comercial y financiera para asumir una provisión de semejante magnitud.
Según la acusación fiscal, la compra directa se concretó entre marzo y julio de 2020, cuando Miguel Prieto era intendente y ordenador de gastos. La Fiscalía sostiene que funcionarios municipales habrían conformado una estructura destinada a beneficiar irregularmente a la firma proveedora. El perjuicio atribuido asciende a G. 2.130 millones.
FACTURAS SOLO JUSTIFICARÍAN G. 819 MILLONES
Uno de los puntos centrales es que Tía Chela no habría demostrado documentalmente de dónde obtuvo toda la mercadería que posteriormente facturó a la Municipalidad. Las documentaciones incorporadas a la investigación justificarían adquisiciones por apenas G. 819 millones, suma considerablemente inferior al valor total del contrato.
Prieto y los demás procesados sostuvieron que la despensa adquirió los productos de Vanemi SA, firma presidida por Emili Vanessa Florentín Páez, ex pareja sentimental del exintendente y posteriormente funcionaria municipal.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizó una verificación de la cadena comercial y detectó la utilización de facturas falsas por parte de la firma que habría actuado como subproveedora.
Este elemento pone en tela de juicio la trazabilidad de los alimentos y el supuesto respaldo documental presentado para justificar la operación.
Por tanto, afirmar que los kits fueron entregados no explica cómo Tía Chela consiguió toda la mercadería, por qué la documentación solamente respaldaría una parte de las adquisiciones ni cuál fue el origen real de los productos facturados a la comuna.
Tampoco estaría plenamente acreditado que hayan sido entregadas las 25.000 unidades establecidas en el contrato. Precisamente, los testimonios, documentos y pericias que serán producidos durante el juicio deberán permitir al Tribunal determinar la cantidad efectivamente distribuida y la existencia o no del perjuicio denunciado.
TRIBUNAL ADMITE 61 TESTIGOS
Durante la segunda jornada, celebrada el lunes 7 de septiembre, el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel resolvió los incidentes y recursos promovidos por las partes.
El colegiado admitió la incorporación de 61 testigos, gran parte de ellos propuestos para declarar sobre la preparación, distribución y entrega de los alimentos. Sus versiones deberán ser contrastadas con las pruebas documentales, registros municipales y demás elementos presentados durante el proceso.
El Tribunal, sin embargo, rechazó el pedido fiscal para incorporar como testigo al director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, al considerar que no se precisó qué hecho concreto conocía ni cuál habría sido su participación en las circunstancias investigadas.
También rechazó incorporar nuevos informes de instituciones públicas con base en una nota del 28 de marzo de 2020, debido a que el documento ya estaba agregado a la carpeta fiscal. No obstante, las magistradas aclararon que podrán solicitar información adicional como medida para mejor proveer si consideran que resulta necesaria durante el juicio. Resolución de los planteamientos
ONCE ACUSADOS ANTE LA JUSTICIA
Además de Miguel Prieto, afrontan el juicio varios exfuncionarios municipales: Maggi Fariña, Sebastián Martínez, quien es actualmente concejal rastrero de Prieto, Francisco Arrúa Álvarez, presidente del partido Yo Creo; Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia, José Félix Cáceres y Julián Benítez Gamarra, este último conocido vándalo que llegó a construir una trinchera en el predio de la Intendencia Municipal.
También están acusados Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL, que ya cerró sus puertas; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA, quien actualmente es funcionaria planillera de la comuna.
Todos enfrentan acusaciones que serán debatidas durante el juicio oral y conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
TERCERA JORNADA DEL JUICIO
La tercera jornada, prevista para el lunes 14 de septiembre, permitirá avanzar hacia la producción de las pruebas. El debate no se limitará a determinar si algunas bolsas de alimentos llegaron a los barrios: deberá esclarecer cómo se manejaron los recursos municipales, de dónde salió realmente la mercadería, cuántos kits fueron entregados y por qué aparecieron facturas falsas dentro de la cadena comercial utilizada para justificar una compra cercana a los US$ 500.000.
