Defensa de PRIETO insiste en la entrega de kits, pero NO REBATE acusación de compra simulada y DAÑO PATRIMONIAL
La defensa del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, centró nuevamente sus argumentos en demostrar que los 25.000 kits de alimentos fueron preparados y entregados durante la pandemia. Sin embargo, no pudo rebatir los principales puntos de la acusación del Ministerio Público, que sostiene que existió una licitación amañada, una compra simulada y un perjuicio patrimonial superior a G. 2.130 millones. Esto luego de los gestos obscenos de Prieto para el fiscal, Silvio Coberta, demostrando en todo su esplendor su soberbia y que está protegido y por eso tiene impunidad.
Derlys Martínez, abogado del exjefe comunal, anunció que presentará como testigos a los proveedores de la firma Tía Chela, quienes supuestamente confirmarán que vendieron los productos utilizados para conformar las cestas básicas. También aseguró que existen fotografías, videos y planillas de los beneficiarios.
No obstante, la entrega de los alimentos no constituye el punto central de la acusación fiscal. Lo investigado es la manera en que se realizó la contratación, la falta de capacidad comercial y financiera de la despensa barrial adjudicada, el presunto direccionamiento del proceso y la utilización de documentos de contenido falso para justificar la millonaria operación.
Prieto y otras diez personas están acusados de integrar un esquema que habría provocado un daño patrimonial de más de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Según la Fiscalía, la licitación fue preparada para beneficiar a Tía Chela, un pequeño comercio que no reunía las condiciones necesarias para vender alimentos por un valor cercano a los USD 500.000.
La acusación sostiene que funcionarios municipales y particulares habrían intervenido para otorgar una apariencia de legalidad al procedimiento y respaldar documentalmente una operación presuntamente simulada. Dentro de esa estructura también aparece Vanemi S.A., señalada como proveedora de Tía Chela.
Uno de los elementos que la defensa tampoco logró desvirtuar es la detección de facturas falsas dentro de la cadena comercial. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios había realizado la trazabilidad de las compras y confirmado irregularidades tributarias, incluyendo la utilización de comprobantes falsos por parte de una de las empresas involucradas.
Pese a ello, el abogado Martínez sostuvo que la Fiscalía realizó una investigación apresurada y cayó en un “sesgo de confirmación”. También cuestionó que no hayan sido convocados durante la etapa investigativa los proveedores de Tía Chela ni numerosas personas que participaron en el montaje y la distribución de los kits, como religiosos, militares y bomberos.
“La base de la Fiscalía es descalificar las facturas de compras de Tía Chela. “Nosotros vamos a traer a todos los proveedores para que confirmen las ventas, las condiciones y que todos los productos fueron entregados en el polideportivo municipal”, afirmó el defensor.
El argumento vuelve a instalar una cuestión que no está en discusión: que las cestas básicas llegaron a beneficiarios. La acusación no afirma simplemente que los alimentos nunca fueron repartidos, sino que la contratación habría sido direccionada y utilizada para producir un millonario perjuicio a las arcas municipales.
La defensa también sostuvo que ninguno de los acusados habría recibido directamente el dinero desviado y que varios fueron procesados por cumplir funciones administrativas. Sin embargo, la Fiscalía atribuye responsabilidades por la presunta participación de cada acusado en las distintas etapas del procedimiento, sin que sea indispensable demostrar que todos cobraron personalmente una parte del dinero.
De esta manera, la estrategia defensiva busca trasladar el debate hacia la existencia y distribución de los kits, pero todavía no ofrece una explicación convincente sobre la capacidad real de Tía Chela, las presuntas facturas falsas, el supuesto direccionamiento de la licitación y el perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones señalado por el Ministerio Público. Esos siguen siendo los puntos centrales que deberán resolverse durante el juicio oral y público.
