HAMBRE CERO: Padres EXIGEN a gobernador LANDY TORRES garantías sobre la CALIDAD del almuerzo escolar
El hallazgo de fragmentos de vidrio en alimentos servidos en una escuela pública de Hernandarias encendió las alarmas sobre el control del programa Hambre Cero en Alto Paraná. Padres de alumnos reclaman medidas firmes, transparencia y garantías de que la comida entregada a sus hijos sea segura. El cuestionado gobernador, César Landy Torres, ya pagó más de G. 52 mil millones, afirma “Maná” de Isabel Petrona Gómez Cabrera, para que entregue comidas con vidrio. Hasta el momento, Landy Torres actúa con tibieza y esto solo refuerza las denuncias sobre el feroz negociado con el alimento de los niños.
Padres de alumnos exigen al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, que garantice la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos en las escuelas mediante el programa Hambre Cero. El reclamo cobró fuerza después de la grave denuncia sobre la aparición de fragmentos de vidrio en una comida servida en una institución educativa de Hernandarias.
El episodio generó temor e indignación entre las familias, que ahora demandan controles rigurosos para asegurar que los alimentos no contengan vidrio, metales, plásticos ni cualquier otro cuerpo extraño capaz de poner en peligro la salud y la integridad física de los escolares.
Según los padres, antes de este caso ya existían reiteradas denuncias sobre la mala calidad de las comidas y el descontrol en la entrega de los alimentos. Sin embargo, sostienen que esos reclamos fueron sugestivamente ignorados por la administración departamental hasta que ocurrió un hecho que pudo haber provocado consecuencias mucho más graves.
EMPRESA TIENE CONTRATO POR MÁS DE G. 74.000 MILLONES
El restaurante y panadería Maná, perteneciente a Isabel Petrona Gómez Cabrera, es señalado como el proveedor que entregó la comida en la que fueron encontrados los fragmentos de vidrio.
De acuerdo con los datos oficiales proporcionados, la empresa mantiene un contrato por G. 74.584 millones dentro del programa Hambre Cero. De ese monto, la Gobernación de Alto Paraná ya habría desembolsado G. 52.464 millones.
La magnitud del contrato aumenta la exigencia ciudadana de conocer qué controles realiza la Gobernación antes de autorizar los pagos y quiénes son los funcionarios encargados de fiscalizar la preparación, manipulación, transporte y entrega de las raciones.
Los padres reclaman que se hagan públicos los informes de inspección, las actas de recepción, los análisis sanitarios y las medidas adoptadas contra la empresa involucrada. También exigen conocer si existieron advertencias anteriores y por qué no se actuó oportunamente.
CUESTIONAN LA TIBIA REACCIÓN DEL GOBERNADOR
La reacción de Landy Torres es considerada insuficiente por numerosos padres y ciudadanos. Cuestionan que, pese a la gravedad de lo ocurrido, hasta el momento no se hayan anunciado medidas drásticas que transmitan seguridad a las familias.
En las redes sociales crece la sospecha de que la administración departamental pretende dilatar las decisiones y permitir que el caso se enfríe. Los padres sostienen que un simple sumario administrativo no resulta suficiente cuando estuvo en riesgo la integridad física de niños.
Entre las medidas reclamadas se encuentran la suspensión preventiva del proveedor, una investigación independiente, controles sanitarios extraordinarios y la publicación completa de los antecedentes del contrato y de los desembolsos realizados.
PROGRAMA MILLONARIO BAJO CUESTIONAMIENTO
La administración de Hambre Cero en Alto Paraná, cuyo volumen rondaría los USD 100 millones, ya había sido objeto de cuestionamientos en el Senado debido a denuncias de presuntas irregularidades y falta de transparencia. En un primer momento se había objetado que la Gobernación siguiera controlando el programa, aunque posteriormente la administración volvió a quedar en manos del gobierno departamental.
Este antecedente, sumado al hallazgo de vidrio en una ración escolar, vuelve a instalar dudas sobre la capacidad de fiscalización de la Gobernación y sobre el destino de los millonarios recursos públicos destinados a la alimentación de los estudiantes.
Los padres advierten que no permitirán que el caso quede impune ni sea reducido a un incidente menor. Recordaron que el gobernador es el responsable político de la ejecución y fiscalización del programa en el décimo departamento.
La exigencia es concreta: transparencia total, identificación de responsabilidades y garantías reales de que ninguna ración llegará nuevamente a una escuela sin haber pasado por estrictos controles de calidad e inocuidad.
Para las familias, no se trata solamente de administrar contratos millonarios. Se trata de proteger la vida y la salud de miles de niños que diariamente consumen los alimentos entregados por el programa Hambre Cero.
