DNIT confirma uso de FACTURAS FALSAS en caso “TIA CHELA” y juicio a Prieto y su pandilla se REINICIA
La confirmación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la utilización de facturas falsas agrega un nuevo y contundente elemento al juicio oral y público que afronta el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por el escandaloso caso conocido como “Tía Chela”. La responsable por la falsificación es Emili Vanesa Florentín, quien era pareja sentimental de Prieto, y tras conocerse el esquema de robo con los kits de alimentos en plena pandemia, la citada fue contratada como funcionaria por Prieto. Es planillera, dijeron desde la institución municipal. Este lunes 7, se reinicia el juicio a Prieto y su pandilla.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, reveló que la administración tributaria realizó una fiscalización y reconstruyó la trazabilidad de las mercaderías vinculadas con la cuestionada compra de kits de alimentos efectuada por la municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia del Covid-19.
Según explicó, el seguimiento permitió comprobar que una de las empresas que suministró productos a la despensa barrial Tía Chela SRL utilizó documentos tributarios falsos.
Esta despensa ya no existe.
Tía Chela compró de otra empresa los bienes. Nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que utilizó facturas falsas. Esa empresa fue sancionada por utilizar facturas falsas”, confirmó Orué durante una entrevista concedida a la radio 1020 AM, de Asunción.
El funcionario señaló que la firma involucrada estaba vinculada con Emili Vanessa Florentín, expareja de Miguel Prieto, quien habría intervenido como subproveedora de Tía Chela SRL. Esta última fue la empresa favorecida con la adjudicación municipal para suministrar los alimentos.
La revelación adquiere especial relevancia porque se produce mientras Prieto y otros diez acusados enfrentan un juicio oral y público por el presunto desvío de G. 2.130 millones destinados a la asistencia de familias vulnerables durante la emergencia sanitaria.
Mientras paraguayos morían y pasaban hambre, Prieto y su pandilla estaban facturando.
PRIETO YA ESTÁ SENTADO EN EL BANQUILLO
El juicio comenzó el pasado 31 de agosto y está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las magistradas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
El juzgamiento deberá continuar este lunes 7 de septiembre, cuando el Tribunal deberá resolver los planteamientos formulados por la Fiscalía y las defensas antes de avanzar con la producción de las pruebas.
Durante la apertura del debate, los fiscales Silvio Corbeta y María Verónica Valdez solicitaron la incorporación de documentos provenientes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y la propia DNIT. También pidieron la declaración del titular de Contrataciones Públicas para explicar las inconsistencias detectadas en el procedimiento y el cambio de marcas de algunos productos después de la adjudicación.
La defensa de Prieto, por su parte, solicitó incluir a otros 56 testigos, principalmente personas relacionadas con la distribución de las canastas. El exintendente sostiene que los kits fueron entregados a través de iglesias católicas y evangélicas y afirma que demostrará su inocencia durante el juicio.
UNA DESPENSA BARRIAL RECIBIÓ UN CONTRATO MILLONARIO
La causa se originó en una compra realizada en marzo de 2020, cuando el país se encontraba bajo las restricciones de la pandemia y las instituciones públicas podían recurrir a procedimientos excepcionales para adquirir alimentos e insumos.
En su condición de intendente y ordenador de gastos, Prieto autorizó una contratación por G. 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits alimenticios. La adjudicación benefició a Tía Chela SRL, una despensa minorista que, según la acusación fiscal, carecía de capacidad financiera, logística y de almacenamiento para cumplir un contrato de semejante magnitud.
El contrato fue formalizado el 27 de marzo de 2020. Sin embargo, dos días antes, Prieto ya difundía en sus redes sociales videos promocionando la supuesta entrega de los alimentos, pese a que la adjudicación todavía no había sido oficializada.
Otro punto que genera sospechas es que, el mismo día de la firma, la empresa emitió una factura a crédito declarando la entrega inmediata de 15.000 kits. Para la Fiscalía, semejante cantidad difícilmente pudo haber sido almacenada y movilizada desde la pequeña despensa adjudicada.
FALLECIDOS Y PERSONAS AUSENTES FIGURARÍAN COMO BENEFICIARIOS
La investigación del Ministerio Público sostiene que solamente se habrían adquirido unos 10.000 de los 25.000 kits presupuestados. Parte de estos productos habría sido utilizada para exhibiciones y promociones audiovisuales con el propósito de aparentar el cumplimiento del contrato.
Los investigadores también detectaron presuntas irregularidades en las planillas de rendición de cuentas. Varias firmas habrían sido falsificadas y confeccionadas por una misma persona. Además, fueron incluidos como supuestos beneficiarios ciudadanos fallecidos, personas que no residían en los barrios señalados y otras que se encontraban fuera del país cuando supuestamente recibieron las canastas.
La Fiscalía atribuye a Prieto el presunto liderazgo de una estructura conformada por funcionarios municipales y personas de su entorno, que habría direccionado la contratación y provocado un perjuicio patrimonial superior a G. 2.130 millones.
La confirmación de la DNIT sobre el uso de facturas falsas fortalece uno de los ejes de la investigación: la presunta simulación de operaciones comerciales para justificar el millonario desembolso municipal. Ahora corresponderá al Tribunal evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad individual de Prieto y de los demás acusados, quienes conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
