La Fiscalía imputó a un hombre de 65 años, representante legal de Electrotecnia Duarte S.A., por presuntos delitos ambientales relacionados con el incumplimiento de obligaciones de mitigación y el procesamiento ilícito de desechos. La investigación se originó por la supuesta disposición irregular de efluentes cloacales en un establecimiento ubicado en el km 12, lado Monday, de Ciudad del Este.
La imputación fue presentada por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales N.º 02 de Alto Paraná. El investigado está vinculado al proyecto denominado “Servicio de Recolección de Efluentes en Camiones Atmosféricos y Disposición en Estanques”, destinado a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos cloacales residenciales y comerciales.
Según la investigación fiscal, la planta funciona en una propiedad identificada como Finca N.º 12.452 y Padrón N.º 9.264, situada a unos 6.000 metros de la Ruta PY02. La pesquisa comenzó a partir de un informe de la Subcomisaría N.º 14 del barrio Norma Luisa de Minga Guazú, relacionado con el ingreso frecuente de camiones que transportaban desagües cloacales y residuos provenientes de la limpieza de pozos ciegos.
La Fiscalía sostiene que los desechos eran vertidos en el establecimiento sin cumplir las medidas de mitigación y los criterios técnicos establecidos. Asimismo, señala que las cuatro piletas destinadas al tratamiento no se encontrarían en las condiciones exigidas por la licencia ambiental.
Otro de los puntos mencionados en la imputación es el presunto incumplimiento reiterado de la Resolución N.º 5566/2025, situación que, según el Ministerio Público, habría generado fuertes olores en la zona rural, principalmente durante jornadas de lluvia y altas temperaturas, afectando a los pobladores del sector.
Como elementos de sospecha fueron incorporados la Nota Policial N.º 1016/2026, fotografías del establecimiento y la resolución ambiental citada.
La fiscal Ocampos solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y requirió un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias investigativas. Además, el Ministerio Público anunció que solicitará la suspensión de la licencia ambiental de la empresa.
