Edificio del GRUPO LINCE en Ciudad Del Este: El COSTO SUBIÓ y la HABILITACIÓN sigue PENDIENTE
La construcción fue adjudicada por G. 1.967 millones y, según los documentos citados para esta nota, una adenda elevó el monto a unos G. 2.551 millones. La obra debía concluir en septiembre de 2025. El cuestionado gobernador, César Landy Torres, debe explicar el aumento, el atraso y cuándo entrará en funcionamiento. Documentos internos de la Gobernación de Alto Paraná revelan que hubo un descontrol en la ejecución de la obra, y el proyecto estaba todo mal. Esta es otra evidencia de la corrupción generalizada en la gestión de Landy Torres.
La nueva sede del Grupo Lince en Ciudad del Este sigue sin prestar servicio, pese a que el plazo de terminación señalado en el contrato venció hace aproximadamente un año.
La obra fue adjudicada por la Gobernación de Alto Paraná a Corporación Lemuria S.A. por G. 1.967.417.747, monto que figura en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La empresa Corporación Lemuria S.A., donde aparece como responsable Pablo Rodríguez, es usada para los negociados con obras públicas, basta con mirar las denuncias en internet. Están todos los detalles.
Según los datos documentales proporcionados para esta nota, el contrato 23/2024 fue firmado en octubre de 2024 por el gobernador César Landy Torres y Pablo Adriano Rodríguez Rodas, en representación de la constructora. En contrataciones se identifica con el número 451.650.
La fecha prevista de conclusión era septiembre de 2025. Ese mismo mes, ambas partes suscribieron una adenda que habría elevado el costo de la sede a unos G. 2.551 millones: un incremento aproximado de G. 584 millones sobre la adjudicación original.
Estos datos están en el portal de Contrataciones Públicas. Pese a ello, el edificio sigue sin funcionar.
La ampliación merece una explicación detallada. De acuerdo con los documentos citados, la justificación técnica lleva la firma del secretario de Obras de la Gobernación, Líder Jiménez Silva, e incluye trabajos que parecen esenciales para el funcionamiento del edificio. Corresponde a la institución publicar el detalle de cada ítem añadido, su precio y la razón por la que no fue previsto en el proyecto inicial.
La inclusión posterior de esos trabajos plantea dudas sobre la planificación, pero por sí sola no demuestra que la obra haya comenzado sin planos ni que exista sobrefacturación.
La incertidumbre sobre la entrega se acentuó por los anuncios oficiales. En mayo de este año, con atraso, se informó que la construcción estaba culminada, mientras que en junio se entregaron camas destinadas a equipar la nueva sede. Sin embargo, todavía no consta en la información examinada un acta de recepción definitiva ni una fecha de puesta en servicio.
El 17 de septiembre, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció que el edificio sería inaugurado el jueves siguiente, 24 de septiembre. Ante ese nuevo anuncio, resulta necesario que la Gobernación y la Policía Nacional aclaren si la obra ya fue recibida formalmente, si los agentes podrán ocuparla de inmediato y qué trabajos justificaron el aumento del contrato.
También queda pendiente conocer qué medidas adoptó la Gobernación frente al vencimiento del plazo original: si hubo prórrogas aprobadas, informes de fiscalización, multas o justificaciones del atraso. La ausencia de esos documentos en la información disponible impide afirmar que se incumplieron las obligaciones contractuales o que se produjo un «negociado». Sí deja una pregunta concreta sobre el uso de los recursos públicos: ¿por qué una sede cuyo costo aumentó en cerca de G. 584 millones no estaba operativa un año después de la fecha prevista de terminación?
