Caso «Tía Chela»: La acusación fiscal expone la trama de facturas falsas y compras simuladas en la gestión de Prieto
El esquema montado por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su pandilla, en el caso conocido como “Tía Chela”, está totalmente documentado. En forma muy burda simularon la compra de los kits de alimentos de la despensa barrial, que supuestamente entregó los alimentos, antes mismo de comprar de sus proveedores. Los documentos y las fechas revelan este absurdo. Y es allí que Prieto y sus secuaces no pueden demostrar su inocencia. Como se puede ver, en ningún momento se menciona si se entregaron o no los kits. Pero el exjefe comunal insiste en esto porque es lo único que puede decir.
Los documentos recopilados en la acusación presentada por el Ministerio Público desmoronan el argumento central de la defensa del exintendente Miguel Prieto Vallejos, quien fue destituido por corrupto.
Mientras la línea oficial insiste en que los kits de alimentos efectivamente llegaron a las familias vulnerables, supuestamente, durante la pandemia, la investigación judicial apunta a un foco radicalmente distinto: la simulación de compras por unos 500.000 dólares a través de una humilde despensa de barrio, sostenida sobre un esquema de documentos adulterados y proveedores ficticios.
El Ministerio Público señala, además, inconsistencias vinculadas con contribuyentes que considera ficticios.
Prieto insiste en que los kits fueron entregados. Sin embargo, ese argumento no responde al punto central de la acusación fiscal: cómo se justificó la adjudicación y si fueron reales las compras que se hicieron figurar para respaldar la provisión.
La investigación sostiene que se simuló una operación comercial con una despensa de barrio por aproximadamente medio millón de dólares.
CRONOLOGÍA INVERTIDA: ENTREGAS REGISTRADAS ANTES DEL STOCK
Entre los hallazgos más contundentes de la carpeta de investigación figuran las incongruencias temporales en el flujo de mercaderías.
De acuerdo con el cruce de facturas, la despensa barrial «Tía Chela», un pequeño comercio que operaba sobre la avenida América del Área 4 y que hoy ya no existe, entregó supuestamente los kits de alimentos a la Comuna esteña en fechas anteriores a que sus presuntos mayoristas y proveedores le vendieran e ingresaran esos mismos productos a su inventario.
Para la Fiscalía, esta anomalía cronológica demuestra que la logística comercial entre los proveedores, la despensa y el municipio fue montada sobre el papel para justificar la salida de fondos públicos. O sea, la plata del pueblo esteño.
Todo este esquema montó el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y su pandilla; simuló la compra, y es esto lo que él mismo no puede demostrar. Sigue insistiendo en que supuestamente se entregaron los kits, cuando esto no está en discusión judicial.
FACTURAS ADULTERADAS Y CONTRIBUYENTES FICTICIOS
El análisis documental expone un patrón recurrente de irregularidades en los comprobantes presentados ante la Municipalidad:
Falsificación de comprobantes: Facturas declaradas por el comercio para respaldar la adquisición de insumos figuran en los registros originales de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a nombre de empresas e hilos comerciales completamente ajenos al rubro o al proceso.
Adulteración de montos y datos: Comprobantes legales emitidos por otras firmas fueron presuntamente alterados en sus contenidos y guías para hacerlos pasar como respaldos de la compra masiva de víveres.
Red de contribuyentes ficticios: La acusación identifica la participación de contribuyentes de fachada utilizados para cerrar el circuito financiero y simular la capacidad operativa que el pequeño negocio de barrio no poseía.
LA CONFIRMACIÓN DEL ENTE DE CONTROL
El reporte de indicios de hechos punibles remitido por la Contraloría General de la República (CGR) ratifica las conclusiones fiscales. La auditoría ejecutada al proceso de contratación de emergencia concluyó que la administración comunal violó de forma sistemática las normas legales de contratación, control y rendición de cuentas.
Frente al discurso defensivo que centra la discusión en la entrega final de los paquetes a los vecinos, las evidencias del Ministerio Público remarcan que el objeto del juzgamiento no es la distribución asistencial, sino la presunta ingeniería fraudulenta montada para desviar cerca de medio millón de dólares del erario público.
