Fiscalía acusa al responsable de una matadería en Ciudad del Este por contaminar el río Acaray
La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente n.º 2 de Alto Paraná, formuló acusación contra el responsable de la matadería La Familia–Frigomez por supuestos hechos punibles contra el medio ambiente. La acusación se relaciona con el incumplimiento de medidas de mitigación y el procesamiento ilícito de desechos generados durante el faenamiento de ganado vacuno.
La causa se inició tras una denuncia difundida el 17 de febrero de 2026, que alertaba sobre la aparición de sustancias desconocidas en las aguas del río Acaray. La información generó preocupación entre los pobladores de la zona ante una posible alteración del curso hídrico, la fauna, la flora y la salud humana, lo que llevó al Ministerio Público a iniciar diligencias para determinar el origen de los residuos y establecer responsabilidades.
En el marco de la investigación, una comitiva fiscal allanó el 18 de marzo de 2026 la matadería, ubicada en el km 9 Acaray de Ciudad del Este, a orillas del río Acaray. Durante la intervención se constató que el establecimiento realizaba faenamiento de ganado vacuno y contaba con sectores destinados a la limpieza, el almacenamiento de estiércol y el tratamiento de efluentes líquidos. También se verificó que las tres lagunas de estabilización anaeróbicas se encontraban a cielo abierto, sin la impermeabilización mediante geomembranas prevista en el plan ambiental aprobado.
Durante la inspección se constató, además, el escurrimiento abierto de líquidos provenientes de la limpieza de la planta, con presencia de sangre, grasa y estiércol, así como un antiguo canal de desagüe con salida directa hacia las márgenes del río Acaray. Según la Fiscalía, estas condiciones evidenciaban deficiencias en el manejo y tratamiento de los efluentes líquidos, pese a las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado en 2025.
Entre los elementos reunidos por la representación fiscal figuran declaraciones testimoniales, informes técnicos y documentación de distintas instituciones, entre ellas un análisis del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y un informe de la Itaipú Binacional. También fueron incorporadas actas de procedimiento, informes de la Dirección de Educación Ambiental (DEDA), documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), resultados de análisis de muestras y registros de las verificaciones realizadas en el establecimiento.
Con estos elementos, la fiscal Ocampos Marín sostuvo que la investigación se encuentra agotada y formuló la acusación contra el responsable de la firma, además de solicitar la admisión de las pruebas reunidas y la elevación de la causa a juicio oral y público.
