El “NEGOCIO” en San Rafael: Décadas de INUNDACIONES, traslados frustrados y una historia que vuelve a REPETIRSE
La nueva crecida volvió a golpear al barrio San Rafael de Ciudad del Este y reabrió una discusión pendiente desde hace décadas: cómo terminar con las evacuaciones y el retorno a viviendas levantadas en sectores inundables. El problema es cíclico. Los desbordes del arroyo Acaray-mí se volvieron un negocio para las autoridades de turno y los afectados. Hubo una reubicación que dio origen al barrio 23 de Octubre y, posteriormente, una propuesta de viviendas vinculada al BID, con un desembolso de 120 millones de dólares para viviendas dignas, que fue rechazada por los pobladores. Pero la ocupación de las zonas bajas continuó y el problema sigue sin una solución duradera.
El agua vuelve a entrar en las casas, las familias rescatan sus pertenencias y las instituciones movilizan vehículos, personal y asistencia. Todo esto significa daños y gastos siderales, y de dónde sale la plata. De las arcas públicas, o sea del bolsillo de todos los paraguayos.
En el barrio San Rafael, esta secuencia forma parte de una historia que atraviesa generaciones. Las inundaciones cíclicas del arroyo Acaraymí y del río Paraná volvieron con fuerza este octubre, recordando que el riesgo permanece, aunque transcurran periodos sin grandes crecidas.
La magnitud de la emergencia quedó reflejada en un informe de Itaipú del 14 de octubre: hasta el día anterior, 183 familias de San Rafael habían sido trasladadas. La binacional informó, además, que el Paraná superó los 121 metros sobre el nivel del mar y recordó las grandes inundaciones de 1983, 1992 y 2014.
Pero el drama actual tiene antecedentes que van mucho más allá de esta crecida. Una publicación de ABC Color del 30 de marzo de 2011 documentó que, durante la administración de Carlos Barreto Sarubbi, ya fallecido, pobladores de las barrancas del Acaraymí fueron trasladados a otro sector de la entonces Ciudad Presidente Stroessner. Aquella reubicación dio origen al barrio 23 de Octubre.
Según ese antecedente periodístico, hubo beneficiarios que posteriormente vendieron sus derechos y regresaron a las zonas bajas. La experiencia de traslado no logró impedir que el área volviera a ocuparse.
Durante la administración del exintendente Guillermo Campuzano, ya fallecido, también se planteó una alternativa: abandonar los sectores expuestos y construir viviendas populares en otro punto de la ciudad. Las publicaciones de la época recogen que Campuzano anunció una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero los pobladores rechazaron mudarse porque querían permanecer cerca del centro.
El antecedente acredita que aquella propuesta fue anunciada, pero no prosperó porque los pobladores cuyas precarias viviendas quedaban anegadas en forma cíclica se negaban a ir a una vivienda digna donde no tengan que estar corriendo de las aguas.
La cercanía con el microcentro es siempre el argumento para la resistencia al traslado. Un reportaje publicado en octubre de 2022 describió que muchas familias trabajaban en la zona comercial y consideraban decisiva esa proximidad para sus actividades cotidianas. Pero hay que recordar que hay miles de trabajadores que vienen de muchos lugares alejados, inclusive de otras ciudades, a trabajar en la zona comercial.
También registró que, después de las evacuaciones, los afectados esperaban el descenso del agua para regresar.
Cuando las aguas suben, reciben ayuda, cuando deben regresar, reciben ayuda.
Ese mismo trabajo explicó cómo la expansión comercial impulsada por el Puente de la Amistad atrajo población y favoreció el crecimiento de barrios próximos al centro sin suficiente planificación urbana. En San Rafael, las viviendas fueron extendiéndose sobre terrenos bajos y barrancos, con exposición tanto a inundaciones como a desmoronamientos.
La repetición del problema exige discutir algo más que el operativo de cada emergencia. Una alternativa de vivienda debe contemplar seguridad, servicios, transporte y posibilidades de mantener los ingresos familiares. Sin esas condiciones, el traslado corre el riesgo de convertirse en una solución temporal y el retorno a las zonas peligrosas vuelve a aparecer como opción.
Con esto, las inundaciones se vuelven un rentable negocio que se repite una y otra vez. Es un barril sin fondo donde se tiran millones del dinero público y también privado.
También corresponde revisar qué ocurrió con los anteriores programas de reubicación: cuántas familias recibieron terrenos, qué seguimiento tuvieron esas adjudicaciones y cómo se permitió la nueva ocupación de los espacios evacuados.
La asistencia resulta indispensable cuando el agua avanza. Sin embargo, décadas de evacuaciones muestran la necesidad de una política sostenida que combine viviendas seguras, acuerdos con los pobladores y control de las áreas de riesgo.
Mientras esa respuesta siga pendiente, el descenso del agua apenas marcará una pausa. Las familias regresarán, intentarán recuperar lo perdido y San Rafael continuará expuesto a una nueva crecida.
