Turba ALCOHOLIZADA de estudiantes BRASILEÑOS de MEDICINA generan POLUCIÓN SONORA y no deja DESCANSAR a todo un barrio en CDE
Una intervención policial en el Club Social Acaray no evitó que vecinos del barrio Boquerón denunciaran otra madrugada de música a volumen excesivo. Los reclamos apuntan a los organizadores de las fiestas y a la Municipalidad de Ciudad del Este, cuya falta de intervención cuestionan los afectados. La farra fue organizada por cuatro; se hicieron 3 noches seguidas por una empresa brasileña denominada Econrio Soluções Educacionais. Participó una turba alcoholizada de estudiantes brasileños de medicina, organizados en INTERMED INTERNACIONAL. Ni la Policía pudo frenar los abusos. Y la población está totalmente desprotegida.
La polución sonora vuelve a enfrentar a vecinos de Ciudad del Este con organizadores de eventos y autoridades encargadas del control. Esta vez, las denuncias se concentran en el Club Social Acaray, en el barrio Boquerón, donde una fiesta de estudiantes de Medicina motivó un procedimiento policial, pero los pobladores aseguran que las molestias se repitieron durante la noche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de octubre. Todo se inició el jueves 15 de octubre.
El caso expone un problema que los afectados describen como una “epidemia”: actividades que invaden con música amplificada los hogares cercanos y convierten el descanso en un derecho difícil de ejercer. Según los reclamos, las advertencias no fueron suficientes para impedir nuevas molestias.
De acuerdo con los datos del procedimiento, la Policía intervino el establecimiento a las 01:10 del sábado 17, cuando se desarrollaba la denominada “Fiesta Internacional de Estudiantes de Medicina”. Los agentes constataron la presencia de numerosas personas y equipos de sonido funcionando a alto volumen.
Durante la intervención fueron identificados como organizadores María Clara Wider Galeano y Willian Costa Carvalho, ambos brasileños. También fue identificado Mario Alvarenga Prieto, guardia de seguridad y encargado del recinto en ese momento. Los datos aportados señalan que Ricardo Brizuela Morales, más conocido como “Tulio”, es el encargado general del establecimiento. Este exfuncionario municipal quedó conocido luego de que su esposa haya sido detenida por la SENAD por vender drogas a niños en el Parque Chino de Ciudad del Este.
Los uniformados advirtieron a los responsables que debían evitar emisiones sonoras que afectaran la tranquilidad y el descanso de los vecinos. El operativo se realizó en cumplimiento de un oficio fiscal, dentro de una causa por presunta transgresión de las leyes ambientales.
Sin embargo, pese a que la Policía había anunciado que no permitiría la polución sonora en la zona, vecinos denunciaron que el volumen excesivo volvió a perturbarlos durante la siguiente noche, en otra actividad con participación de estudiantes brasileños de Medicina.
“TUVIMOS QUE SALIR DE MADRUGADA DE NUESTRA PROPIA CASA”
La indignación quedó reflejada en una publicación de una vecina, quien relató que debieron salir de su vivienda durante la madrugada para comprobar la magnitud del evento.
“¡Ya serán tres noches en las que se nos priva del derecho al descanso y a la tranquilidad en nuestros propios hogares!”, expresó, al señalar que las actividades continuarían el domingo.
La pobladora cuestionó la ausencia de controles efectivos y preguntó dónde estaban las autoridades responsables de proteger a las familias del entorno. También vinculó a los organizadores con Econrio, aunque esa relación y el papel de dicha entidad requieren corroboración.
La publicación incluyó un reclamo al Club Social Acaray por permitir estas actividades y manifestó preocupación por otro evento musical anunciado, según la vecina, para el 31 de octubre.
“No estamos en contra de las fiestas ni de la diversión. Estamos en contra del abuso, de la falta de respeto”, sostuvo.
Las críticas se concentraron especialmente en la Municipalidad de Ciudad del Este. Los denunciantes aseguran que, pese a los reclamos, la institución no intervino el local para poner fin a las molestias.
QUÉ ESTABLECE LA LEY
La Ley 6390/2020, que regula la emisión de ruidos, establece que las municipalidades son las autoridades de aplicación: deben reglamentar los niveles permitidos, otorgar permisos y aplicar sanciones. Prohíbe las emisiones que excedan los límites establecidos por las normas vigentes, incluidas las provenientes de actividades sociales y establecimientos privados.
Para recintos privados, su artículo 9 dispone que la Policía debe acudir de oficio o por denuncia, medir el sonido y, cuando corresponda, solicitar el cese inmediato y labrar acta. Si las emisiones persisten y se comprueba un hecho punible, debe comunicar las actuaciones a la Fiscalía dentro de doce horas; esta deberá solicitar en las siguientes veinticuatro horas una orden judicial de allanamiento e incautación de los equipos.
El artículo 13 contempla multas de cinco a cincuenta jornales mínimos, suspensión de la habilitación por hasta seis meses e inhabilitación en caso de reincidencia. Las sanciones pueden acumularse. La norma derogó la Ley 1100/97; los límites concretos deben verificarse en la reglamentación aplicable.
CONTROLES QUE DEBEN TRADUCIRSE EN RESULTADOS
En la información disponible sobre este procedimiento no se detallan mediciones de decibeles, sanciones municipales ni una suspensión de las actividades. Tampoco se cuenta con una respuesta de la Comuna o de los organizadores sobre las nuevas denuncias.
Corresponde esclarecer qué autorización tenía el evento, cuáles eran sus condiciones de funcionamiento y qué medidas se adoptaron después de la intervención policial. La reiteración denunciada vuelve insuficiente una respuesta limitada a advertencias si las molestias continúan.
El reclamo de los vecinos es concreto: que las fiestas se desarrollen dentro de las condiciones legales y que el descanso de las familias tenga una protección efectiva. La diversión de un sector no habilita a trasladar sus consecuencias a todo un barrio.
