TÍA CHELA: Fiscalía con DOCUMENTOS muestra compra ILEGAL de kits de alimentos de despensa barrial por US$ 500 mil
El juicio contra el exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto, Miguel Prieto Vallejos, y pandilla, avanzó con el examen de informes de la SET sobre las firmas Tía Chela y Danielito, ambas despensas barriales. Mientras el exintendente aguarda las declaraciones de sus testigos, la causa exige esclarecer cómo se contrató, qué mercaderías fueron efectivamente provistas y cómo se justificaron los desembolsos municipales. Prieto sigue con su campaña de mentiras ante la prensa de Asunción y no presentan documentos que puedan demostrar su inocencia.
Los antecedentes tributarios de las empresas involucradas en la contratación de alimentos durante la pandemia ocuparon este lunes 19 de octubre la atención del juicio oral y público por el caso de la despensa barrial “Tía Chela”, que afrontan el exintendente destituido por corrupto de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas. Todos integrantes de su pandilla.
El fiscal Silvio Corbeta destacó información sobre el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y las declaraciones juradas de Tía Chela y Danielito, contenida en informes de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Estos documentos forman parte de los elementos examinados para esclarecer las operaciones comerciales vinculadas con la provisión de alimentos. La información divulgada sobre esta audiencia no precisa los montos ni las inconsistencias concretas señaladas en cada declaración.
LE “ABURRE” CONTUNDENCIA DE LAS EVIDENCIAS
Prieto dijo a la prensa de Asunción que el juicio está en una fase que es aburrida; le aburre ver cómo las evidencias son contundentes y él no pudiendo rebatir nada. Manifestó que espera el inicio de las testificales para que los beneficiarios confirmen haber recibido los kits. Sin embargo, acreditar entregas no resuelve por sí solo los cuestionamientos sobre la selección de la proveedora, su capacidad de suministro, los comprobantes utilizados y la correspondencia entre lo pagado y lo recibido.
Tampoco sería preciso reducir la acusación exclusivamente al procedimiento de compra: el Ministerio Público sostiene que la provisión fue parcial y que no existió una contraprestación equivalente al dinero desembolsado. La discusión comprende, por tanto, tanto la contratación como su ejecución.
UNA CONTRATACIÓN DE G. 2.949 MILLONES
El caso tiene origen en las adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria de 2020. La Municipalidad contrató a la despensa barrial Tía Chela SRL para suministrar 25.000 kits de alimentos por G. 2.949.650.000, mediante un procedimiento por la vía de la excepción.
La Fiscalía afirma que la contratación estuvo direccionada y atribuye al esquema investigado un presunto perjuicio de aproximadamente G. 2.130 millones. Según su hipótesis, Prieto y funcionarios que intervinieron en distintas etapas administrativas posibilitaron la adjudicación y los pagos cuestionados.
Entre las empresas invitadas figuraba Danielito SRL, perteneciente a los padres de Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela. También fue convocada Yrupé SRL. Para la acusación, los vínculos y las condiciones de participación son relevantes para determinar si existió una competencia efectiva.
Otro punto central es la capacidad de la adjudicataria. La investigación fiscal sostiene que Tía Chela carecía de infraestructura, respaldo financiero y experiencia suficientes para asumir el suministro contratado. También cuestiona que las condiciones del llamado no exigieran una comprobación adecuada de esos requisitos.
A esto se agregan los señalamientos sobre operaciones presuntamente simuladas con proveedores para justificar la disponibilidad de mercaderías. Estos extremos forman parte de la acusación y deben ser contrastados con las pruebas producidas durante el debate.
LA DEFENSA RECLAMA REPRODUCIR PUBLICACIONES
En la última audiencia, las defensas solicitaron incorporar publicaciones de páginas oficiales y perfiles particulares. Asimismo, insistieron en que las pruebas comunes sean reproducidas ante el tribunal.
El colegiado busca apoyo técnico para examinar esos materiales. Su tratamiento quedó pendiente, con la aclaración de que deben proceder de fuentes públicas.
La defensa ya había obtenido, en septiembre, la admisión de 60 testigos. En esa oportunidad, el tribunal también rechazó pedidos fiscales de nuevos informes sobre una nota de Tía Chela relativa al reemplazo de marcas por falta de stock: consideró que el documento ya estaba en la carpeta fiscal y no constituía un hecho nuevo.
ADVERTENCIA SOBRE OTRAS CALIFICACIONES PENALES
El juicio comenzó el 31 de agosto y está a cargo de las juezas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Además de Prieto, son juzgados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez, vinculada a Vanemi SA.
El pasado 13 de octubre, el tribunal advirtió sobre la eventual aplicación de las figuras de estafa y producción de documentos no auténticos, además de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia permite preparar las defensas ante una posible modificación de la calificación jurídica; no constituye una condena.
El desenlace dependerá de la valoración conjunta de registros tributarios, documentos comerciales, actuaciones municipales y testimonios. La recepción de ayuda por parte de beneficiarios es un elemento del debate, pero también deberá esclarecerse si la contratación y los pagos tuvieron respaldo real y qué responsabilidad individual corresponde a cada acusado.
