Miguel Prieto sumaria una IMPUTACIÓN más por la SOBREFACTURACIÓN de casi G. 600 millones en la construcción de un PUENTE
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto; habría pagado G. 907 millones por una obra cuyo valor, según las estimaciones citadas por los denunciantes, no debía superar G. 350 millones. Una tremenda sobrefacturación con el “Puente de Oro”. La denuncia es de la Contraloría Ciudadana de CDE, y estaba cajoneada en la fiscalía. Prieto compareció en el Ministerio Público y, como siempre, al no tener documentos para demostrar su inocencia, ya comenzó a manipular todo, tratando de engañar a la ciudadanía y mintiendo sin rubor a la prensa de Asunción.
Una sobrefacturación de aproximadamente G. 600 millones constituye uno de los principales cuestionamientos contra la administración del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la construcción de un puente de unos 12 metros sobre el arroyo Acaraymí, en el asentamiento Mariscal López del barrio Che La Reina, kilómetro 4.
Los montos, las supuestas irregularidades y los trabajos cuestionados forman parte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, cuyos detalles fueron divulgados por el abogado Samir Sánchez, integrante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este.
De acuerdo con esos antecedentes, la comuna desembolsó G. 907.321.256 por la intervención. Sin embargo, los denunciantes sostienen que profesionales vinculados a la filial Alto Paraná de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), consultados en aquel momento, estimaron que lo efectivamente construido no debía superar G. 350 millones.
La diferencia asciende a G. 557.321.256, una cifra cercana a los G. 600 millones. Se trata de una estimación invocada por la parte denunciante, cuya correspondencia con el alcance contractual y los trabajos ejecutados debe ser determinada en la investigación.
Según informó Sánchez, Prieto compareció hoy ante el Ministerio Público para una audiencia indagatoria. El abogado considera que los elementos reunidos podrían sustentar una imputación, aunque esa valoración corresponde a la parte denunciante y no constituye una decisión fiscal anunciada.
El exintendente, conforme a la versión divulgada sobre su comparecencia, rechazó los cuestionamientos, atribuyó la causa a una estrategia del Ministerio Público y sostuvo que el puente fue construido, por lo que considera que la denuncia debe ser desestimada.
La existencia de la estructura, sin embargo, no responde por sí sola al cuestionamiento económico planteado. La denuncia apunta a establecer si los pagos se ajustaron a las cantidades, características y precios de los trabajos efectivamente ejecutados, y si se abonaron componentes que quedaron pendientes.
UN CONTRATO MILLONARIO Y OBRAS CUESTIONADAS
Según los datos contractuales citados en la denuncia, la intervención corresponde a la licitación con ID 386613 y al contrato 14/2021, suscrito entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la empresa MD S.R.L., representada por Jesús Augusto Ortiz Torres.
La firma obtuvo una adjudicación de G. 1.793.013.484 para siete intervenciones de pavimentación, canalización y entubamiento en distintos puntos de la ciudad. Dentro de ese conjunto se encuentra la obra del kilómetro 4 Acaray, cuestionada por un monto de G. 907.321.256.
De acuerdo con los antecedentes divulgados por Sánchez, se utilizaron recursos provenientes de royalties de Itaipú. La adjudicación se realizó el 26 de abril de 2021 y los trabajos debían concluir en agosto de ese año. No obstante, los vecinos denunciaron que la construcción del puente terminó recién a finales de abril de 2022.
La estructura tiene aproximadamente 12 metros de largo y seis metros de ancho. Los pobladores señalaron que esperaban, además, unos 400 metros lineales de pavimento de hormigón, cuya construcción les había sido prometida.
Pedro Barúa, uno de los vecinos que cuestionaron la ejecución, había manifestado que los trabajadores terminaron el puente a finales de abril y posteriormente dejaron de acudir al lugar.
PAVIMENTO Y PASO PEATONAL BAJO SOSPECHA
Entre los componentes observados aparece un ítem de preparación del terreno y construcción de 2.372,5 metros cuadrados de pavimento rígido de hormigón armado, a G. 243.000 por metro cuadrado.
La multiplicación de ambas cifras arroja G. 576.517.500.
Según los vecinos citados en la denuncia, la pavimentación ejecutada se limitó a unos 50 metros lineales. Esa afirmación plantea la necesidad de contrastar las mediciones reales con las planillas de obra, los certificados y los pagos municipales.
Otro cuestionamiento corresponde a 22 metros cúbicos de muro de piedra bruta, presupuestados a G. 421.000 por metro cúbico, por un total de G. 9.262.000.
Los denunciantes sostienen que ese componente no se observaba en el lugar.
También figura una losa peatonal de diez centímetros de espesor, con un volumen de tres metros cúbicos y un costo de G. 6.469.200. Sin embargo, los pobladores afirmaron que tuvieron que financiar mediante actividades comunitarias un paso peatonal al costado del puente, ante la falta de una solución adecuada.
Asimismo, cuestionaron trabajos de canalización y entubamiento que, según su relato, quedaron pendientes. Indicaron que se depositaron tubos en la zona, pero que estos no fueron utilizados.
BARANDAS Y PINTURA TAMBIÉN OBSERVADAS
La documentación divulgada incluye una baranda metálica con caños de tres pulgadas, computada en 30 metros cuadrados a G. 502.000, por un total de G. 15.060.000.
A ese monto se suman G. 1.321.500 por pintura. Los vecinos denunciaron entonces que el revestimiento presentaba desprendimientos a menos de dos meses de la terminación de los trabajos.
Para los denunciantes, estos elementos deben examinarse junto con los demás componentes del presupuesto, a fin de determinar qué se construyó, cuánto correspondía pagar y quiénes autorizaron y certificaron los desembolsos.
LA DISCUSIÓN ESTÁ EN EL DESTINO DEL DINERO.
La denuncia comprende señalamientos por presunta lesión de confianza, asociación criminal y otras posibles irregularidades vinculadas al manejo de recursos municipales. Su presentación fue reportada públicamente en junio de 2022, aunque los contratos y la adjudicación corresponden al ejercicio 2021.
Sánchez sostiene que la causa permaneció sin avances suficientes y reclama que se esclarezcan las responsabilidades. Prieto, por su parte, niega haber cometido irregularidades.
El punto central pendiente de respuesta es la correspondencia entre el dinero desembolsado y la obra recibida. La existencia del puente acredita una construcción, pero la investigación deberá establecer si justifica los G. 907 millones pagados y si todos los componentes certificados fueron efectivamente ejecutados.
