El Estado no puede respaldar 1.090 títulos declarados por funcionarios públicos
La Contraloría General de la República detectó 1.090 títulos académicos sin respaldo en las instituciones educativas consultadas, correspondientes a 1.082 funcionarios de 35 organismos estatales. El hallazgo expone debilidades en los mecanismos de verificación de credenciales dentro de la función pública y abre interrogantes sobre los controles aplicados para validar la formación académica de quienes trabajan para el Estado.
El contralor general, Camilo Benítez, presentó este jueves un avance de la fiscalización y confirmó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para investigar posibles hechos punibles. De los 34.068 registros examinados, los auditores identificaron los documentos que no encontraron respaldo en las universidades consultadas.
La revisión todavía no abarca a la totalidad de las instituciones públicas. Según los datos presentados, al momento del informe faltaban respuestas de 221 organismos estatales y 27 instituciones educativas, por lo que el alcance de las irregularidades podría cambiar a medida que avance la verificación.
FALLAS EN LA VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES
El caso pone el foco en los procedimientos utilizados para comprobar los títulos académicos declarados por los funcionarios. La falta de respaldo documental plantea la necesidad de determinar cómo fueron registrados esos antecedentes, qué controles se aplicaron y si las instituciones correspondientes verificaron la información antes de aceptarla.
Sin embargo, el presidente de la comisión especial que investiga los títulos presuntamente falsos, el senador Patrick Kemper, pidió cautela y aclaró que los hallazgos no permiten afirmar que los 1.090 casos sean falsificaciones comprobadas. Entre las situaciones que deben esclarecerse figuran posibles errores de registro y documentación pendiente.
La Contraloría tampoco cuenta todavía con una estimación del eventual perjuicio económico para el Estado. Para determinarlo, será necesario comprobar si los funcionarios recibieron bonificaciones, gratificaciones salariales u otros beneficios asociados a las credenciales observadas.
EL CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, BAJO CUESTIONAMIENTO
La fiscalización también reavivó los cuestionamientos sobre la supervisión de las instituciones educativas. Benítez criticó el desempeño del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y señaló deficiencias en el cumplimiento de sus funciones de regulación y control.
Por su parte, los datos expuestos durante la presentación identificaron 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, incluidas 184 vinculadas al área de la salud. La falta de acreditación no equivale necesariamente a la ausencia de habilitación legal, por lo que ambas situaciones deben analizarse por separado.
