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ABUSO y CORRUPCION: Esposa del gobernador sigue entregando aportes de la Gobernación mientras denuncia sigue CAJONEADA

La asistente fiscal Mirna Margarita Wolf de Torres, esposa del gobernador César Landy Torres, continúa apareciendo como responsable del área social de la Gobernación de Alto Paraná y entregando ayudas económicas. Su actuación mantiene abiertos los cuestionamientos sobre la legalidad de su comisionamiento, que no se sabe si existe realmente, y el cumplimiento de sus obligaciones en el Ministerio Público de Santa Rita. Mientras la denuncia por esto presentada en la fiscalía fue cajoneada y llaveada. Esto es abuso y corrupción.

Landy Torres y su esposa, la asistente fiscal.

 

Las entregas de aportes sociales encabezadas por Mirna Wolf vuelven a poner bajo escrutinio su presencia en la institución administrada por su esposo. Publicaciones de las redes sociales documentaron su participación en entregas de cheques y asistencia económica. En agosto de 2026, el medio reprodujo una comunicación atribuida a la propia Gobernación que presentaba a Wolf como “primera dama departamental” y destacaba su intervención en la distribución de ayudas a familias de Alto Paraná.

El pasado 14 de octubre volvió a hacer lo mismo, y hay otros similares, y todos están en las redes sociales. Nada se hace a escondidas. A la vista de todos, mostrando la impunidad que tienen.

El cuestionamiento central es bajo qué respaldo jurídico una funcionaria con cargo de asistente fiscal desarrolla tareas sociales en una institución del Ejecutivo departamental. La entrega de aportes no corresponde a las funciones de investigación penal previstas para ese cargo, y exige esclarecer su situación administrativa, las responsabilidades que tiene asignadas y quién controla el cumplimiento de su jornada laboral.

CARGO EN SANTA RITA Y SALARIO REPORTADO

Wolf fue identificada como asistente fiscal de la Unidad Penal de Santa Rita. Al conocerse la denuncia penal, en julio de 2025, se reportó una remuneración mensual de G. 7.025.477. Ese monto corresponde al antecedente publicado y no permite afirmar, sin una planilla actualizada, cuánto cobra actualmente.

Por su asignación de origen, sus servicios corresponden a la Fiscalía de Santa Rita, salvo que exista una disposición vigente y jurídicamente válida que determine otro destino. En enero de 2026, se publicó que su comisionamiento había vencido el 31 de diciembre de 2025 y cuestionó que no hubiera retornado al Ministerio Público. Pero no puede haber tal comisionamiento; está prohibido.

La información constituye otro antecedente que exige una aclaración documental sobre una eventual renovación.

QUÉ ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA

El artículo 60 de la Ley número 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, dispone que los asistentes fiscales pueden realizar actos de investigación de hechos punibles bajo supervisión y responsabilidad del superior al que asisten.

Por su parte, el artículo 91 establece como incompatibilidad “cualquier otro empleo o cargo público o privado remunerado”, con excepción de la docencia a tiempo parcial, siempre que no perturbe sus funciones. También prohíbe formar parte de partidos o movimientos políticos.

La precisión es relevante: ese artículo no establece una prohibición indiscriminada de toda actividad externa. Para determinar la infracción concreta, deben examinarse el comisionamiento, su vigencia, las funciones efectivamente desempeñadas y las remuneraciones. Sin embargo, la continuidad de Wolf en tareas de la Gobernación plantea una cuestión que las autoridades deben resolver con documentos y fundamentos legales.

UNA DENUNCIA PRESENTADA EN JULIO DE 2025

El exconcejal Celso “Kelembu” Miranda presentó el 21 de julio de 2025 una denuncia contra el gobernador y su esposa por presuntos hechos de tráfico de influencias, nepotismo, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios. Cuestionó que Wolf percibiera haberes del Ministerio Público mientras trabajaba en la institución encabezada por su cónyuge.

Posteriormente, AHORA CDE informó que el expediente fue registrado como causa número 10838/25, en la Unidad Fiscal número 6, a cargo del fiscal Gabriel Segovia Villasanti. Según esa publicación, Miranda denunció que la carpeta estaba “cajoneada” y que ni siquiera había sido convocado para ratificar su presentación. Se trata de un señalamiento del denunciante; no se pudo corroborar mediante una actualización oficial del expediente cuál es su estado procesal actual.

LA EXPLICACIÓN DEL GOBERNADOR Y LOS DOCUMENTOS PENDIENTES

Ante los cuestionamientos, Landy Torres sostuvo en 2025 que él mismo había solicitado el comisionamiento y que este contaba con autorización del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Afirmó que su esposa no cobraba de la Gobernación, que recibía aproximadamente G. 7 millones de salario base del Ministerio Público y que apoyaba tareas de Mujer, Niñez y Acción Social, con rendiciones mensuales de actividades.

Pero la resolución de comisionamiento nunca fue mostrada.

Esa explicación hace indispensable conocer la resolución original, sus eventuales prórrogas, el fundamento jurídico y las planillas de cumplimiento. También corresponde esclarecer la diferencia entre la remuneración publicada y el monto señalado por el gobernador.

Mientras Wolf mantiene protagonismo en las entregas sociales, persiste el reclamo de una respuesta institucional verificable. El Ministerio Público debe esclarecer tanto la situación laboral de su funcionaria como el trámite de la denuncia: qué diligencias se realizaron, qué documentos fueron incorporados y qué decisiones se adoptaron. La autorización invocada por el gobernador y las acusaciones del denunciante requieren una investigación que permita determinar responsabilidades.

Sobre la última entrega de aportes sociales, esto informó la Gobernación oficialmente y es una evidencia más sobre el abuso:

La Primera Dama Departamental, Abg. Mirna Wolf, realizó la entrega de aportes económicos a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo a integrantes de ASODIS (Asociación de Apoyo para Madres de Niños con Discapacidad), así como a otras personas que también necesitan acompañamiento y apoyo.

Estas acciones reflejan el compromiso de estar cerca de la gente, promoviendo la inclusión, la solidaridad y el bienestar de todas las familias del departamento.

Desde la Gobernación del Alto Paraná, seguimos trabajando con sensibilidad y vocación de servicio.

 

 

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