Denuncian VACIAMIENTO de la comuna de FRANCO para “ELIMINAR” evidencias de CORRUPCION en la gestión del intendente Roque Godoy
Una denuncia presentada ante el Ministerio Público en Presidente Franco solicita investigar la presunta sustracción y ocultamiento de documentos de la Municipalidad administrada por Roque Godoy (PLRA). El denunciante afirma que bolsas y carpetas con archivos oficiales fueron trasladadas en vehículos municipales hacia un destino desconocido. El vaciamiento de la comuna fue amplio, destacado en los medios de prensa y en las redes sociales. El caso se suma a anteriores denuncias por irregularidades en obras públicas.
Antonio Arrúa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Presidente Franco por el presunto retiro irregular de documentos pertenecientes al archivo municipal. La copia facilitada lleva un sello de recepción de la Oficina de Denuncias del Ministerio Público, fechado el 23 de octubre de 2026.
Aunque el escrito menciona expresamente al intendente Roque Godoy Jara como responsable de la administración municipal, la denuncia está formulada contra personas innominadas, tanto funcionarios como particulares que pudieran haber intervenido.
Todo indica que el jefe comunal liberal saliente tiene cómplices, y se menciona a Magdalena Montiel, quien es considerada planillera de oro en la gestión del cuestionado intendente. Godoy tiene un enorme rótulo de corrupto, es esposo de la diputada libero-cartista. Roya Torres.
Según el relato de Arrúa, después de las elecciones municipales observó un procedimiento que describe como irregular y clandestino, consistente en la sustracción y el traslado masivo de documentos y archivos de la institución.
El denunciante sostiene que se utilizó una furgoneta con la inscripción “Municipalidad Pdte. “Franco” y un móvil de la Policía Municipal identificado con las siglas “G.P.F.”. Personas vestidas de civil, presuntamente coordinadas con personal uniformado de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), habrían cargado bolsas plásticas y carpetas con documentos impresos, biblioratos y resoluciones oficiales.
Arrúa afirma que, cuando intentó obtener explicaciones sobre el destino de los archivos, los responsables de los vehículos reaccionaron con insultos y hostilidad, para luego retirarse con la documentación hacia un lugar que no pudo precisar.
Para el denunciante, estas circunstancias hacen sospechar de una maniobra destinada a ocultar evidencias administrativas y contables de la gestión saliente. Esa interpretación deberá ser corroborada mediante una investigación que determine qué documentos fueron retirados, quién autorizó su traslado y dónde se encuentran.
El escrito plantea posibles hechos de destrucción u ocultamiento de documentos oficiales, destrucción o daño a documentos y, eventualmente, lesión de confianza. Estas son las figuras invocadas por el denunciante y no una calificación confirmada por la Fiscalía.
ANTECEDENTES DE OBRAS CUESTIONADAS
Uno de los antecedentes es la denuncia presentada el 22 de julio de 2024 por el concejal Hugo Mendoza contra Godoy, el director de Obras, Cristhian Ortiz, y representantes de la contratista Fann S.A., por la recepción definitiva de la remodelación del polideportivo municipal del Área 5 cuando los trabajos todavía no habían concluido. La presentación se realizó ante la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General de la República.
El contrato, firmado el 1 de noviembre de 2023, ascendía a G. 464 millones. Según los antecedentes publicados por ABC Color, la empresa había cobrado la totalidad del monto y el director de Obras suscribió el acta de recepción definitiva el 29 de enero de 2024, pese a que en julio de ese año la construcción seguía en ejecución. El cuestionamiento apuntaba precisamente a la certificación y al pago de una obra presentada como terminada.
Otro antecedente se remonta a noviembre de 2021, cuando Henry González denunció un supuesto pago por pavimentación asfáltica que no se habría ejecutado en la calle Piribebuy, entre los barrios San Sebastián y San Lorenzo. La presentación señalaba que el tramo figuraba dentro de una contratación adjudicada a la constructora Río Paraná, pero permanecía empedrado.
De acuerdo con aquella denuncia, los trabajos correspondientes a esa calle representaban G. 107.737.002, dentro de un proyecto de regularización asfáltica por más de G. 3.000 millones en distintos puntos de la ciudad. González ratificó su presentación ante la fiscal Viviana Sánchez. Estos antecedentes corresponden a denuncias publicadas y no permiten afirmar, por sí solos, que exista una condena contra Godoy.
DOCUMENTOS PENDIENTES EN PLENA TRANSICIÓN
La nueva denuncia por el presunto retiro de archivos coincide con los reclamos del equipo de transición del intendente electo, Arnold Ramírez. Su coordinador, Aníbal Báez, manifestó el 23 de octubre que todavía no habían recibido documentación necesaria para conocer el estado financiero de la Municipalidad, incluidas las deudas, recaudaciones, transferencias y obligaciones con los funcionarios.
La entrega del mando está prevista para el 3 de noviembre de 2026, y no el 3 de octubre. En ese escenario, esclarecer el destino de los archivos resulta fundamental para revisar las contrataciones, verificar los pagos y establecer las condiciones en que la administración saliente entregará la institución.
La copia de la denuncia acredita su presentación, pero no contiene una resolución fiscal, una imputación ni una respuesta de los funcionarios mencionados. La investigación deberá determinar si existió un traslado administrativo autorizado o una extracción irregular destinada a sustraer documentos del control institucional.
