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Brasil AVANZA en la PROHIBICIÓN TOTAL de las BETS quienes podrían pasar a operar CLANDESTINAMENTE desde Ciudad del Este.

La reelección de Lula refuerza su ofensiva contra las apuestas deportivas por internet. La prohibición ya fue dispuesta mediante una medida provisoria, pero enfrenta cuestionamientos ante el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Justicia). Para Ciudad del Este, el escenario plantea un riesgo que requiere vigilancia: que operadores intenten instalar estructuras clandestinas para seguir captando apostadores brasileños. Algunas inclusive ya estarían en operaciones. Esto llamado de alerta para la Conajzar y la DNIT.

El futuro de las plataformas de apuestas por internet, conocidas como “bets”, se encuentra en una disputa política y judicial en Brasil. Con Luiz Inácio Lula da Silva reelecto y decidido a sostener la prohibición, el debate dejó de centrarse solamente en cómo regular el negocio: ahora se discute si estas empresas podrán volver a operar legalmente en el país. El mandatario reiteró el 3 de noviembre su rechazo a la continuidad de las apuestas online.

Algunas de las Bests podrían migrar hacia la frontera, especialmente Ciudad del Este, donde ya existen algunas de ellas operando, casi siempre en una sociedad entre chinos rojos y brasileños, de acuerdo a los datos.

Es una alerta para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La prohibición ya tiene un instrumento concreto. El 25 de septiembre, Lula dictó la Medida Provisoria 1.394/2026, que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija en territorio brasileño. Su alcance comprende apuestas deportivas y juegos online, mientras que otras modalidades de lotería autorizadas por ley quedan fuera de esa prohibición. La norma también dispone el cierre de las autorizaciones existentes y la devolución de los saldos a los apostadores.

Sin embargo, la continuidad de esta política todavía enfrenta dos instancias decisivas: el tratamiento parlamentario de la medida y las acciones judiciales que cuestionan su constitucionalidad. En el registro del Congreso Nacional, la propuesta figura pendiente de instalación de su comisión mixta, con plazo de deliberación señalado hasta el 23 de noviembre. Por tanto, la victoria electoral de Lula fortalece su posición política, pero no sustituye las decisiones que deben adoptar el Legislativo y la Justicia.

El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial brasileña, concentra varios expedientes sobre el sector. Las acciones directas de inconstitucionalidad 7721, 7723 y 7749 cuestionan disposiciones de la Ley 14.790/2023, que reglamentó las bets. Otras cuatro —8024, 8027, 8028 y 8035— fueron promovidas después de la medida provisoria que prohibió la actividad. Los procesos están bajo la relatoría del ministro Luiz Fux.

El martes 3 de noviembre, el STF realizó una audiencia pública para escuchar al Gobierno, representantes de las empresas, organizaciones y sectores deportivos. La audiencia permitió reunir argumentos sobre los efectos de la prohibición, pero no equivale a una sentencia definitiva. Entre quienes impugnan la medida se encuentra la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, que solicita suspenderla y declarar su inconstitucionalidad.

El Gobierno defendió la prohibición alegando daños a la salud pública y un agravamiento del endeudamiento familiar. Los representantes del fútbol, por su parte, manifestaron preocupación por las consecuencias económicas y por el breve periodo de transición. La controversia enfrenta así argumentos sanitarios y de protección social con intereses empresariales, contratos de patrocinio y cuestionamientos jurídicos.

Para la frontera paraguayo-brasileña, una cuestión relevante es si parte del negocio podría intentar continuar desde el exterior. En ese escenario, Ciudad del Este podría resultar atractiva para estructuras dedicadas a captar o atender apostadores brasileños. Se trata, sin embargo, de una hipótesis de riesgo: las fuentes públicas consultadas no permiten afirmar que determinadas empresas hayan decidido trasladarse o que ya estén instalando operaciones clandestinas en la capital de Alto Paraná.

Pero hay que recordar que ya existen antecedentes, y hay algunas que siguen operando clandestinamente desde Ciudad del Este, y son exclusivas para apostadores brasileños; no permiten a los paraguayos apostar.

Hay que recordar que existe otro antecedente reciente en Paraguay que demuestra que las operaciones transfronterizas merecen atención. El 30 de octubre, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios informó sobre un allanamiento en Asunción a un establecimiento que presuntamente explotaba plataformas clandestinas de apuestas bajo la fachada de un call center. Según la institución, las operaciones estaban dirigidas principalmente al mercado argentino y carecían de las autorizaciones correspondientes y del pago del canon fiscal. Este caso no prueba una conexión con las bets brasileñas ni con Ciudad del Este.

Una eventual instalación en Paraguay sería para seguir ofreciendo apuestas al mercado brasileño. La ofensiva anunciada por Brasil incluye bloqueo de plataformas irregulares, retiro de aplicaciones y restricciones sobre los medios de pago utilizados por operadores ilegales.

El desafío para las autoridades paraguayas será detectar y verificar cualquier indicio de operaciones sin autorización, especialmente aquellas orientadas a clientes de países vecinos. Mientras Brasil define el futuro judicial y legislativo de las apuestas, la posibilidad de un desplazamiento clandestino hacia la frontera debe investigarse.

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