Concejal Coronel RENUNCIÓ al Consejo de Salud de Santa Rita, pero NO PRESENTA la rendición documentada de los MILLONARIOS FONDOS.

El concejal colorado Diego Coronel renunció a la presidencia del Consejo Local de Salud (CLS) de Santa Rita entre agradecimientos del intendente Valter Mensch. Sin embargo, el cambio de autoridades mantiene abierto el principal reclamo ciudadano: conocer, con facturas y comprobantes, qué pasó con los más de G. 2.000 millones transferidos durante la administración de su aliado político, el exintendente Edgar Torres. Esto es solo de 2026. La compra de una ambulancia usada continúa entre los gastos que requieren explicaciones y respaldo documental público.
El intendente Valter Mensch anunció que recibió la renuncia formal de Coronel, quien, según la publicación municipal, entregó la documentación correspondiente y se puso a disposición para acompañar la transición.
El jefe comunal agradeció su dedicación, compromiso y “buena gestión”, y le deseó éxitos como presidente de la Junta Municipal.
La actitud del intendente Mensch sin duda llamó la atención, atendiendo a que el mismo sabe de las denuncias sobre hechos de corrupción en el CLS, y ya dijo que fue una “buena gestión”, sin mirar los documentos.
Estos documentos deben ser puestos a disposición de la ciudadanía.
La comunicación no detalla qué documentos fueron entregados, qué período comprenden ni si incluyen las facturas, los movimientos bancarios y los comprobantes de los gastos cuestionados. Tampoco informa sobre una revisión contable que permita establecer cuánto recibió el Consejo, cuánto utilizó y qué saldo dejó la administración saliente.
Para responder al reclamo de transparencia, esos documentos deben estar disponibles para el examen ciudadano y permitir seguir el recorrido del dinero desde la transferencia municipal hasta su destinatario final.
MÁS DE G. 2.000 MILLONES BAJO CUESTIONAMIENTO

Los antecedentes publicados señalan que durante la gestión de Edgar Torres se adelantaron aproximadamente G. 2.100 millones al Consejo Local de Salud antes de su salida de la Intendencia. El reclamo sobre estos desembolsos llegó a la Cámara de Diputados, que aprobó un pedido de informes impulsado por el legislador Guillermo Rodríguez.
Según la comunicación oficial de la Cámara Baja, publicada el 17 de septiembre de 2026, la fundamentación del requerimiento consignó G. 2.161.000.000 en aportes al Consejo de Salud, registrados durante mayo, junio y julio de ese año. Se solicitaron los gastos de mayo a agosto, sus respaldos y la identificación de los recursos no ejecutados, con sus respectivas cuentas o registros contables.
El requerimiento parlamentario demuestra que el cuestionamiento tiene un objeto concreto: establecer cómo se aplicaron los recursos destinados a la salud. La renuncia de Coronel no responde por sí sola a esas preguntas ni acredita que la documentación reclamada haya sido publicada íntegramente.
LA AMBULANCIA USADA Y LA FACTURA QUE SE SIGUE RECLAMANDO

Uno de los puntos más sensibles es la adquisición de una ambulancia usada. Una publicación de Ahora CDE del 26 de agosto señaló un precio de G. 110 millones y lo comparó con ofertas de vehículos que el medio presentó como similares, por aproximadamente G. 47 millones. Esa comparación originó una denuncia periodística sobre un presunto sobreprecio.
Para esclarecer la operación resulta indispensable conocer la factura de compra, la identidad del vendedor, la fecha del pago, el contrato y las características del rodado: año, kilometraje, estado mecánico y equipamiento sanitario incluido.
La factura del vehículo usado sigue siendo uno de los documentos centrales reclamados públicamente. La publicación municipal sobre la renuncia no la exhibe ni explica si integra la documentación recibida. Sin esos respaldos y una comparación técnica equivalente, no puede establecerse de manera concluyente si existió sobreprecio ni cuál habría sido su magnitud.
La rendición también debe precisar si la compra se financió con los aportes municipales cuestionados o con otra fuente de recursos. Ese vínculo debe demostrarse mediante registros contables y comprobantes de pago.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA Y EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Otro antecedente es la ampliación del presupuesto del Consejo durante la administración interina de Diana Riberos. Según las publicaciones sobre el caso, la asignación inicial de G. 2.161.100.000 pasó a G. 3.261.651.364, mediante un incremento de G. 1.100.551.364. La autorización presupuestaria debe diferenciarse de las transferencias efectivamente realizadas y de los gastos ejecutados.
En octubre también se informó que Coronel promovió un pedido de informes ante la Junta Municipal sobre las transferencias al organismo que él mismo presidía. El edil sostuvo que la respuesta municipal desmentía los cuestionamientos a su gestión. Sin embargo, conocer cuánto transfirió la Municipalidad no permite, por sí solo, comprobar cómo utilizó el dinero el Consejo.
La revisión requiere relacionar cada desembolso con su factura, beneficiario, concepto y constancia de recepción del bien o servicio. También debe identificar los fondos pendientes de utilización y acreditar dónde se encuentran depositados.
LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEBE PUBLICAR LOS RESPALDOS

El reconocimiento de Mensch a la gestión saliente constituye una valoración política e institucional. Para despejar los cuestionamientos financieros hacen falta documentos accesibles y resultados verificables.
La Municipalidad debe precisar qué recibió durante la transición, publicar los respaldos y comunicar si existen observaciones o comprobantes pendientes. Coronel, por su parte, debe explicar el destino de los recursos administrados y aportar la documentación necesaria para su revisión.
La ciudadanía sigue esperando una respuesta concreta sobre los más de G. 2.000 millones y sobre la adquisición de la ambulancia usada. El cambio de autoridades no cierra la rendición de cuentas: el destino del dinero público debe poder comprobarse, factura por factura.



