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CASO TAJY: Prieto y su pandilla tendrán DOS JUICIOS en paralelo por ROBO en PANDEMIA

El juicio por el supuesto perjuicio de G. 306 millones comenzará el 7 de diciembre, mientras continúa el juzgamiento del caso Tía Chela. Ambas causas investigan compras municipales realizadas durante la pandemia, bajo el argumento de asistir a familias vulnerables. En el caso Tajy, la principal involucrada junto al exjefe comunal es Emili Venesa Florentín, la exnovia de Prieto. Varios de los procesados ya reconocieron el robo y están devolviendo la plata. Las evidencias presentadas hasta el momento por el equipo de fiscales encabezados por Silvio Corbeta son contundentes. Mientras Prieto y su pandilla tratan de defenderse con mentiras y amenazas.

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, se encamina a afrontar dos juicios orales y públicos en paralelo por presuntas irregularidades en compras de alimentos durante la emergencia sanitaria. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción fijó para el lunes 7 de diciembre, a las 08:00, el inicio del juzgamiento del caso Tajy, en el que la Fiscalía sostiene que una contratación municipal ocasionó un perjuicio de G. 306.188.500.

En este caso, varios de los procesados ya reconocieron el robo y están devolviendo la plata al pueblo. Mientras los fiscales encabezados por Silvio Corbeta presentan evidencias contundentes, Prieto y su pandilla siguen buscando confundir con mentiras y amenazas a testigos.

La nueva convocatoria se suma al juicio del caso Tía Chela, que sigue en etapa de producción de pruebas. De mantenerse ese desarrollo, Prieto tendrá abiertos simultáneamente dos debates ante tribunales distintos por operaciones efectuadas durante su administración en 2020. El Ministerio Público confirmó que el primer proceso continuó el viernes 13 de noviembre y recordó que el segundo comenzará en diciembre.

En Tajy, el tribunal estará presidido por Elsa María García Hulskamp e integrado por Adriana María Planás Bajac y Ubaldo Matías Garcete Piris. La acusación será sostenida por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes buscarán demostrar las responsabilidades del exjefe comunal y otros seis acusados.

El expediente tiene como origen una contratación por vía de la excepción promovida entre marzo y junio de 2020 para adquirir ingredientes destinados a la fabricación de panificados para familias de escasos recursos. El llamado, identificado con el número 382.239, terminó adjudicado a Tajy Servicios Generales, empresa unipersonal de Buena Ventura Morínigo, ya fallecido, y quien en vida era el tío de una de las principales involucradas en el robo en pandemia, Emili Vanesa Florentín, la exnovia de Prieto.

El contrato contemplaba, entre otros productos, 50.000 kilos de harina, 5.000 kilos de grasa vegetal y 1.250 kilos de levadura. La cuestión central que llegará al juicio es si esos insumos fueron efectivamente suministrados a la Municipalidad o si, como sostiene la Fiscalía, se utilizaron documentos de contratación para justificar una compra simulada.

El dueño de la empresa unipersonal, cuando aún estaba con vida, dijo que él nunca vendió nada a la municipalidad de Ciudad del Este. Aseguró que él solo ofrecía servicios de jardinería.

Según la acusación, Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la comuna, habría promovido el procedimiento con intervención de funcionarios municipales para beneficiar a un proveedor previamente escogido. El Ministerio Público cuestiona que se invocara una urgencia sin suficiente justificación y que las invitaciones se limitaran a firmas vinculadas entre sí, sin garantizar una competencia efectiva.

Uno de los antecedentes más llamativos es la actividad comercial de Tajy. La investigación fiscal señala que la firma se dedicaba a la construcción y perforación de pozos artesianos, y que no disponía de los alimentos comprometidos. Ese contraste entre el rubro del negocio y la provisión adjudicada constituye uno de los puntos utilizados por los investigadores para cuestionar su capacidad de cumplir el contrato.

Las publicaciones sobre el proveedor también quedaron recogidas como antecedentes de una investigación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Un documento de esa institución menciona un reporte periodístico de septiembre de 2021 según el cual Morínigo había desconocido el contrato adjudicado a su nombre y manifestado que no tenía los insumos. Ese antecedente debe distinguirse de las conclusiones que deberá establecer el tribunal mediante las pruebas del juicio.

Entre los invitados al procedimiento aparecían la firma de Richard Ayala Ávalos y Vanemi S.A. La Fiscalía cuestionó los vínculos familiares entre los participantes y la situación de algunas firmas, que no estaban activas como proveedoras del Estado. Vanemi, pese a figurar inicialmente como posible competidora, terminó señalada como subcontratada para suministrar los productos.

El desembolso investigado se concretó el 11 de junio de 2020. Según el Ministerio Público, la administración municipal pagó G. 306.188.500 a Tajy sin que se acreditara la recepción de las mercaderías. Por esa razón, la acusación considera como perjuicio patrimonial la totalidad del dinero abonado. Prieto rechazó que existiera daño económico y sostuvo que la asistencia llegó a las familias durante la pandemia.

La acusación fue presentada el 8 de octubre de 2024 contra once personas. Tras una tramitación que incluyó incidentes y recursos de las defensas, el juez Humberto Otazú dispuso el 4 de agosto de 2026, mediante el A.I. 251, la apertura del juicio para siete acusados. El registro del Poder Judicial también documenta las apelaciones posteriores contra esa resolución.

Además de Prieto, será juzgado Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, entonces el abogado que fungía de director de Administración y Finanzas. A ambos, el Ministerio Público atribuye autoría en los presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

También comparecerán Sebastián Martínez Insfrán, entonces director de Desarrollo Social, actualmente concejal rastrero, es de lejos el más corrupto; Alex Yamal Samhat González, jefe de la planta procesadora de alimentos y administrador del contrato; e Higinio Ramón Acuña, responsable de Adquisición y Suministros. Completan la nómina Emili Vanessa Florentín Páez, la exnovia de Prieto y pieza clave en el esquema de robo; y Robert Osmar Florentín Silvero, vinculados a Vanemi S.A. Para estos cinco acusados, la Fiscalía plantea complicidad en los dos primeros hechos y autoría en la presunta asociación criminal.

La situación procesal fue diferente para otros tres funcionarios incluidos en la acusación inicial. Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero municipal, obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento por dos años. En cuanto a Morínigo, fallecido, se declaró extinguida la acción penal y se dictó su sobreseimiento definitivo.

Mientras Tajy se prepara para entrar a juicio, el caso Tía Chela continúa ante las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. En ese expediente, Prieto y otros diez acusados son juzgados por una presunta compra ficticia de kits alimenticios, con un perjuicio estimado en G. 2.130 millones.

La audiencia del viernes 13 de noviembre avanzó con pruebas documentales y la siguiente está prevista para el lunes 23, a las 09:00. Según lo informado sobre el desarrollo del juicio, después de las últimas documentales está prevista la declaración de más de 60 testigos, por lo que todavía quedan actuaciones relevantes antes de una sentencia.

Así, las compras de emergencia realizadas durante la pandemia colocan nuevamente bajo examen judicial la gestión de Prieto. En ambos procesos, los tribunales deberán determinar si los recursos municipales financiaron la asistencia anunciada o si, como sostiene la Fiscalía, existieron operaciones simuladas que perjudicaron al patrimonio de Ciudad del Este.

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