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Denuncian presunto perjuicio de G. 8.100 millones en la gestión de Diego Ríos en Minga Guazú

El actual intendente de Minga Guazú, César Paredes, acudió a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para poner bajo investigación una serie de supuestas irregularidades detectadas en la administración de su antecesor, Diego Ríos. Entre los principales puntos señalados figura la anulación de más de 1.300 facturas municipales que representarían operaciones por G. 8.100 millones.

La denuncia fue presentada ante ambas instituciones y también abordada durante una reunión con el contralor general, Camilo Benítez. De acuerdo con la exposición de Paredes, entre enero y septiembre se habrían anulado 1.305 comprobantes correspondientes a tributos y patentes municipales.

El jefe comunal explicó que existen indicios de que algunas empresas realizaron sus respectivos pagos, pero posteriormente las facturas fueron anuladas y los ingresos asentados por cifras inferiores a las efectivamente abonadas. La actual administración solicita que se verifique el circuito de recaudación y los procedimientos utilizados para estas operaciones.

OTROS PUNTOS BAJO INVESTIGACIÓN

El informe presentado también incluye cuestionamientos sobre un crédito de G. 624 millones que, según Paredes, no contaría con los documentos necesarios para justificar la operación. A esto se suman posibles anomalías en la emisión de licencias de conducir que no aparecerían en los registros de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

Otro aspecto mencionado es una obligación superior a G. 500 millones con la caja fiscal de jubilaciones. El intendente sostuvo que, pese a los descuentos efectuados a los trabajadores municipales, esos recursos no habrían sido transferidos como correspondía. Paredes advirtió que las dificultades financieras heredadas también tienen consecuencias sobre el funcionamiento de la institución, debido a que las cuentas municipales permanecen bloqueadas, situación que complica la recepción de transferencias.

“Vamos a pedir justicia y a las instituciones que funcionen”, expresó el intendente, quien además recurrió a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía para impulsar las averiguaciones. Los hechos denunciados corresponden a señalamientos de la actual administración contra el gobierno municipal anterior. La Contraloría y el Ministerio Público deberán determinar la veracidad de las irregularidades mencionadas y establecer si existen responsabilidades administrativas o penales.

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