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Emiliano Rolón, PROTECTOR de CORRUPTOS, como MIGUEL PRIETO, podría RENUNCIAR.

La oposición suma adhesiones de sectores colorados para impulsar el juicio político contra Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público. El manejo del caso Ueno Bank, las demoras en investigar denuncias contra Santiago Peña, la protección a corruptos como Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este; y la crisis del Laboratorio Forense concentran los cuestionamientos. Aunque circulan versiones sobre una eventual dimisión, el fiscal general declaró que no piensa renunciar. Pero ante la decisión de los colorados, la dimisión sería un hecho.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, enfrenta una creciente presión parlamentaria que compromete su continuidad al frente del Ministerio Público. Los impulsores del juicio político anunciaron nuevos respaldos para avanzar con la acusación por supuesto mal desempeño de funciones, mientras aumentan los reclamos para que deje el cargo. Sin embargo, su renuncia no está confirmada: en sus declaraciones del lunes 16 de noviembre, Rolón descartó esa posibilidad.

La diputada Rocío Vallejo, una de las principales promotoras del proceso, manifestó este martes que, según las conversaciones mantenidas con otros legisladores, existirían los votos para aprobar la acusación en Diputados. No obstante, reconoció que el respaldo definitivo se conocerá al momento de la votación.

A la iniciativa opositora se sumaron legisladores de Colorado Añetete y el anuncio de acompañamiento de la bancada B de la ANR, encabezada por Hugo Meza. Desde la bancada A, Alejandro Aguilera también reclamó la salida de Rolón, al considerar que su administración perdió credibilidad. Estas adhesiones fortalecen la ofensiva parlamentaria, aunque los anuncios políticos todavía deben traducirse en votos dentro del pleno.

El libelo acusatorio reúne cuatro ejes principales: la conducción cuestionada de la investigación del caso Ueno Bank; la presunta retención durante siete meses de una denuncia contra Santiago Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio; la inacción ante el caso conocido como “sobres del poder”; y la falta de respuesta a los reclamos de funcionarios del Laboratorio Forense. Se trata de cargos formulados por los acusadores parlamentarios.

A todo esto, se debe agregar el hecho de que el fiscal general del Estado fue quien ordenó cajonear todas las denuncias por corrupción contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto.

En relación con Ueno, los promotores del juicio político atribuyen al Ministerio Público una reacción tardía para asegurar elementos de prueba y bienes. El documento cuestiona las demoras para incautar el teléfono de Peña y resguardar una propiedad en San Bernardino. Según los legisladores, esas omisiones pudieron facilitar la desaparición u ocultamiento de evidencias relevantes para la investigación.

Otro punto apunta al tratamiento de las denuncias patrimoniales contra Peña y a la respuesta institucional frente a los señalamientos de Luz Candado, exempleada de la residencia presidencial, sobre supuestos sobres con dinero en efectivo. Para los impulsores de la acusación, la Fiscalía no actuó con la diligencia que exigían hechos que involucraban a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Los cuestionamientos también alcanzan al funcionamiento del laboratorio forense. El libelo menciona denuncias sobre renuncias y traslados de personal, sobrecarga de tareas y carencia de insumos básicos. Los acusadores sostienen que estas condiciones comprometen las pericias contables, documentológicas e informáticas necesarias para sostener las investigaciones fiscales.

Rolón, por su parte, defendió su gestión y recordó que los agentes fiscales cuentan con autonomía para conducir sus respectivas causas. “No pienso renunciar, pero la dignidad tiene su costo”, expresó durante una entrevista con Radio Ñandutí. También reconoció dificultades presupuestarias y problemas internos en la institución.

El procedimiento está previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, que permite someter al fiscal general a juicio político por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. Diputados debe formular la acusación por mayoría de dos tercios; posteriormente, corresponde al Senado realizar el juicio público y resolver, también por mayoría absoluta de dos tercios, una eventual separación del cargo.

La continuidad de Rolón queda así condicionada por la consolidación del respaldo parlamentario a la acusación. Las adhesiones anunciadas estrechan su margen político, pero tanto una eventual dimisión como su destitución requieren actos formales que permitan establecer el desenlace de la crisis.

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