Diputados aprueban penas de cárcel por promover matrimonios con menores de edad

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que incorpora el artículo 224 al Código Penal y establece sanciones para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos entre niños, niñas y adolescentes.
La propuesta busca complementar las disposiciones del Código Civil y reforzar la protección de menores de 18 años mediante la incorporación de responsabilidades penales para adultos, representantes legales y funcionarios públicos que participen en estas uniones.
El diputado Daniel Centurión (ANR-Capital), uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa contempla tres categorías de responsables. La primera comprende a los adultos que contraigan matrimonio con una persona menor de edad, con conocimiento de su condición. Para estos casos, se establece una pena de hasta tres años de prisión o multa, siempre que el matrimonio llegue a celebrarse.
La segunda categoría incluye a padres, tutores o responsables legales que promuevan, organicen o faciliten intencionalmente la realización de estos matrimonios. La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se compruebe que sus acciones contribuyeron a concretar la unión.
Por otra parte, los funcionarios públicos que autoricen o celebren un matrimonio prohibido, sabiendo que uno o ambos contrayentes son menores de edad, podrán recibir hasta cinco años de prisión.
Centurión indicó que el proyecto complementa otra iniciativa recientemente aprobada por Diputados, que modifica el artículo 17 del Código Civil para eliminar las excepciones que actualmente permiten el matrimonio antes de los 18 años.
La modificación plantea una prohibición absoluta de estas uniones, sin posibilidad de autorización por parte de padres o tutores ni mediante intervención judicial. Además, establece que los casos de incumplimiento sean comunicados al Ministerio Público para su investigación.
El proyectista sostuvo que ambas propuestas responden a la obligación constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia, explotación y coacción.
Con la media sanción, el proyecto que incorpora las sanciones penales será remitido a la Cámara de Senadores, donde deberá continuar su trámite legislativo.



