Gestoría cobra por trámites y expondría a paraguayos a problemas legales en Brasil
Un establecimiento ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, identificado como CBM Fronteira, está en el centro de cuestionamientos por ofrecer gestiones vinculadas a documentos brasileños, entre ellos el cartón del Sistema Único de Salud (SUS). La preocupación radica en que, según la información denunciada, se estarían consignando domicilios aleatorios para realizar los trámites, una práctica que podría comprometer legalmente a quienes utilizan esos datos.
El caso pone bajo la lupa el negocio de las gestorías fronterizas que ofrecen facilitar el acceso a documentos y servicios en Brasil. El riesgo es que el usuario termine respondiendo ante las autoridades por información falsa incorporada a registros oficiales, incluso cuando haya recurrido a un tercero para realizar la gestión.
El artículo 299 del Código Penal brasileño contempla sanciones por falsedad ideológica cuando se incorpora o se hace incorporar una declaración falsa en un documento con el propósito de alterar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante. La pena prevista varía según el tipo de documento y las circunstancias del caso. Esto no significa que toda persona que tramite un documento mediante un gestor cometa automáticamente un delito y podría pasar más de cinco años encarcelado y con una fuerte multa.
El cartón del SUS identifica al usuario dentro del sistema público de salud brasileño y contiene datos personales, información de contacto y otros registros. Por eso, consignar un domicilio que no corresponde al solicitante puede generar cuestionamientos sobre la veracidad de los datos declarados. Las exigencias documentales pueden variar según el trámite y la jurisdicción brasileña.
La situación plantea interrogantes sobre la forma en que se realizan estas gestiones, qué documentación se exige a los solicitantes y qué controles se aplican para verificar los domicilios declarados. También pone en evidencia la necesidad de que los paraguayos conozcan los requisitos oficiales antes de entregar sus datos personales o pagar por servicios de intermediación.
