Prieto y su PANDILLA quisieron SUSPENDER juicio por ROBO en PANDEMIA ante la CONTUNDENCIA de las EVIDENCIAS.
Un desesperado Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto, quiso suspender, chicaneando como siempre, el inicio del juicio oral y público por el caso de la despensa barrial “Tía Chela”, de donde supuestamente compró alimentos por 500 mil dólares en plena pandemia. Pero el Tribunal rechazó las maniobras dilatorias que hace Prieto y su gavilla ante la contundencia de las pruebas en contra de ellos. Al inicio del juicio ya demostraron que no tienen pruebas documentales para demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio por robo en pandemia, Prieto y su gavilla quisieron chicanear nuevamente el Juicio Público y Oral pidiendo suspensión.
Pese a esto, la presidenta del Tribunal, Ana Rodríguez, declaró oficialmente abierto el juicio oral al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos y su gavilla.
Esto luego del pedido de suspensión del abogado Martín Prieto Boggino, que representa al acusado Julián Benítez Gamarra, conocido patotero de la comuna y exjefe de almacenes, actualmente planillero en la Biblioteca Municipal.
Prieto Boggino fue convocado a audiencia disciplinaria prevista para el martes 15 de setiembre.
Por otro lado, el fiscal Silvio Corbeta solicita inclusión probatoria de un informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que se admita como testigo a su titular, Agustín Encina. También pide informe a Contraloría sobre la compra de kits de alimentos a la empresa «Tía Chela».
Hay que recordar que Miguel Prieto acumula una serie de denuncias, de las cuales tres avanzaron a imputaciones y dos de ellas fueron a juicio oral.
El que se inició este lunes 31 está relacionado con el caso “Tía Chela” e involucra a otras 10 personas. Según los investigadores, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
En el caso “Tajy”, están acusados el exintendente, así como el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, y otras ocho personas. La Fiscalía les atribuye los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con la acusación, el 11 de junio de 2020 los procesados habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de un pago irregular a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, tras un procedimiento diseñado para beneficiar exclusivamente a dicha firma.
La tercera imputación presentada en marzo pasado es por supuesta lesión de confianza e involucra además a otras 10 personas, entre ellas el diputado Walter García, quien cuenta con fueros parlamentarios.
En este caso, Prieto habría ocasionado un perjuicio a la comuna por un valor aproximado de G. 757 millones por supuesta sobrefacturación. El monto es la diferencia detectada entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo que efectivamente ejecutaron las empresas Servmaq y M&M Constructora por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
