A-TEC, cuestionada por no publicar ingresos diarios del estacionamiento y por bloqueos a contribuyentes
La falta de publicación de las recaudaciones diarias del estacionamiento controlado en Ciudad del Este mantiene bajo cuestionamiento a A-TEC Paraguay, de San Marino Inversiones S.A. La obligación figura expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que integra el contrato 01/2019. La ciudadanía exige saber cuánto se ha recaudado por el sistema de estacionamiento controlado. El contrato fue firmado por Miguel Prieto Vallejos, exintendente destituido por corrupto; y su amigo Diego Arevalos. Al reclamo de transparencia se suman denuncias de contribuyentes que aseguran haber sido bloqueados para realizar gestiones municipales por supuestas deudas de escaso monto. Esto es una muestra del abuso y la corrupción que existe en la comuna que es controlada por el Clan Prieto desde 2019.
El punto 21 de las especificaciones técnicas del PBC establece entre las obligaciones de la concesionaria: “Publicación en un portal web de la recaudación del día de los servicios cobrados por día”. La cláusula segunda del contrato incorpora el pliego como parte del acuerdo. Por tanto, la difusión de estos ingresos constituye un compromiso contractual.
Desde que se firmó el contrato en 2019, nunca publicó lo que hace que todo sea ilegal y, como principal responsable de esta ilegalidad, aparecen Miguel Prieto, su amigo a quien concesionó, Diego Arevalos, y los otros intendentes que le sucedieron: María Portillo, Dani Pereira Mujica, y Pedro Acuña. Todos del Clan Prieto.
Los cuestionamientos por el incumplimiento de esta obligación tienen antecedentes. Publicaciones periodísticas de 2020 ya advertían sobre la falta de difusión diaria de las recaudaciones. En julio de 2025, se volvió a señalar que la concesionaria seguía sin cumplir. Y esto hace que la concesión ya pase a ser ilegal. Estos antecedentes refuerzan el reclamo de acceso a información que permita controlar cuánto genera la explotación del estacionamiento en las calles de la ciudad.
Desde que asumió la conducción de la comuna el Clan Prieto, la transparencia desapareció de la institución municipal.
El contrato identifica a la concesionaria como A-TEC Paraguay, de San Marino Inversiones S.A., con RUC 80105215-7. Por la Municipalidad lo suscribieron Miguel Prieto Vallejos, entonces intendente, después destituido por corrupción generalizada en la comuna, y Antonio Rubén Velázquez, secretario general, actualmente senador y planillero en la UNE.
Por la empresa intervino Diego Fernando Arévalos Morel, amigo de Prieto, quien figura como su representante en el documento. El plazo pactado fue de siete años, computados desde diez días después de la homologación de la Junta Municipal.
Arévalos Morel también ha sido identificado en publicaciones periodísticas como socio propietario de A-TEC. La firma opera el sistema conocido como Estacionamiento Digital.
La responsabilidad de controlar el cumplimiento del acuerdo también alcanza a la administración municipal: el punto 18 del PBC asigna esa fiscalización a la Dirección de Recaudaciones.
La publicación de los ingresos permitiría contrastar lo cobrado a los conductores con las liquidaciones y los depósitos correspondientes. Mientras esa información no esté disponible para consulta pública, los ciudadanos carecen de una herramienta básica para verificar los resultados de una concesión que utiliza espacios públicos.
ABUSO Y CORRUPCIÓN
A este reclamo se agregan las denuncias de usuarios que afirman haber encontrado restricciones para pagar tributos o realizar trámites en la Municipalidad por deudas atribuidas al estacionamiento. Uno de los afectados relató que inicialmente le informaron sobre una supuesta multa de tránsito, pero luego le indicaron que el bloqueo correspondía a un saldo de G. 12.000 con A-TEC. Según su denuncia, debía cancelar primero ese importe para poder continuar la gestión municipal.
Otro caso involucra un reclamo de G. 24.000 que una usuaria asegura haber abonado. Estos testimonios plantean dudas sobre la actualización de los registros y los mecanismos disponibles para impugnar cobros. Las identidades de los denunciantes se mantienen en reserva por temor a represalias.
Los casos denunciados requieren aclarar quién dispone los bloqueos, qué documentos respaldan cada deuda y qué procedimiento permite corregir un registro cuestionado antes de impedir una gestión municipal.
La concesionaria y la Municipalidad deben explicar dónde puede consultarse la recaudación de cada jornada y presentar los registros que acrediten el cumplimiento de esa obligación. También corresponde esclarecer los bloqueos denunciados: exigir pagos a los ciudadanos requiere información verificable, comprobantes y un mecanismo efectivo de reclamo.
