Esposa del gobernador debe RETORNAR a la fiscalía de Santa Rita o RENUNCIAR al cargo de asistente fiscal

Mirna Wolf, la asistente fiscal de Santa Rita, esposa del gobernador César Landy Torres, aparece públicamente al frente de actividades del Área Social de la Gobernación de Alto Paraná. Torres asegura que Emiliano Rolón autorizó el traslado. La nueva titular del Ministerio Público debe aclarar si existe una resolución vigente, qué tareas cumple la funcionaria y qué trámite recibió la denuncia penal presentada en Ciudad del Este en julio de 2025. La Carta Orgánica de la Fiscalía prohíbe el comisionamiento de los funcionarios de dicho órgano estatal.
El cambio de conducción en el Ministerio Público vuelve a poner bajo escrutinio público el caso de Mirna Margarita Wolf de Torres. La funcionaria fue identificada como asistente fiscal de la Unidad Penal de Santa Rita, pero publicaciones institucionales y periodísticas la muestran en tareas de acción social de la Gobernación que dirige su esposo.
El propio Ministerio de Justicia llegó a presentarla como directora de Acción Social de la administración departamental. AHORA CDE también documentó su participación en entregas de aportes económicos en agosto y octubre de 2026.
EL GOBERNADOR DICE QUE ROLÓN AUTORIZÓ EL TRASLADO

En julio de 2025, Landy Torres reconoció que él mismo pidió a Emiliano Rolón el comisionamiento de su esposa. Sostuvo que el entonces fiscal general lo autorizó, que Wolf apoya a las secretarías de Mujer, Niñez y Acción Social y que presenta informes mensuales a Recursos Humanos del Ministerio Público.
También negó que la Gobernación le pague un sueldo. Según su versión, la funcionaria percibía alrededor de G. 5 millones de salario base, sin beneficios. ABC Color reportó en ese momento una remuneración mensual de G. 7.025.477. Las planillas de haberes permitirían establecer qué conceptos se liquidaron y cuánto percibió efectivamente.
La resolución invocada por Torres sigue sin aparecer, y quien firmó supuestamente ya renunció. En enero de 2026, se informó que el supuesto comisionamiento había vencido el 31 de diciembre de 2025. Si hubo una prórroga, la Fiscalía General debe dar a conocer quién la firmó, por cuánto tiempo y con qué fundamento. También debe exhibir el pedido del gobernador y verificar las planillas de actividades que, según Torres, su esposa remitía cada mes.
¿QUÉ DICE LA CARTA ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO?
El artículo 60 de la Ley 1562/2000, modificado por la Ley 7511/2025, define las funciones de los asistentes fiscales, entre ellas colaborar en la investigación de hechos punibles bajo supervisión jerárquica. El artículo 91 establece incompatibilidades con otros empleos o cargos remunerados, con una excepción para la docencia a tiempo parcial bajo determinadas condiciones, y prohíbe integrar partidos o movimientos políticos. A su vez, el artículo 34 de la Ley 7445/2025 dispone que la movilidad en la función pública solo procede dentro de la misma carrera.
La autorización que invoca Torres deja abierta la cuestión de fondo. ¿Qué norma habilitó que una asistente fiscal pasara a ejercer tareas de dirección social en una gobernación?
Para determinar si hubo una incompatibilidad, importan las funciones que efectivamente cumplió Wolf, el carácter del puesto, la remuneración percibida y el régimen aplicable al traslado. También corresponde establecer quién le asignaba las tareas y quién certificaba que las había cumplido.
ACTIVA PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA POLÍTICA

En septiembre de 2025, AHORA CDE reportó la presencia de Wolf en actos proselitistas y su apoyo a Roberto González Vaesken, entonces precandidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este.
En agosto de 2026, se documentaron entregas de aportes de la Gobernación encabezadas por la funcionaria en pleno periodo de campaña municipal.
El artículo 91 ofrece un punto de partida concreto para esa revisión al prohibir que los funcionarios fiscales formen parte de partidos o movimientos políticos.
LA DENUNCIA CONTRA TORRES Y WOLF TIENE NÚMERO DE CAUSA
El 21 de julio de 2025, el exconcejal esteño Celso “Kelembu” Miranda presentó una denuncia contra el gobernador y su esposa ante la Fiscalía de Ciudad del Este.
Señaló presuntos hechos de tráfico de influencias, nepotismo, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios. La carpeta fue identificada como causa 10838/25 y quedó inicialmente a cargo de la Unidad Fiscal número 6, encabezada por Gabriel Segovia Villasanti, según publicaciones de la época. Miranda cuestionó la falta de documentación del traslado y pidió investigar los pagos.
La administración en provecho propio tiene una pena máxima de 10 años de prisión, conforme al artículo 8 de la Ley 2523/2004. Para que esa figura resulte aplicable, debe acreditarse que un funcionario decidió, autorizó o suscribió un acto o contrato administrativo que otorgó directamente un beneficio indebido, entre otros posibles destinatarios, a su cónyuge.
Miranda denunció públicamente que la carpeta quedó paralizada. A casi 16 meses de su presentación, las fuentes consultadas no permiten establecer si hubo diligencias, una imputación o un pedido de desestimación.
La Fiscalía General debe informar qué unidad tiene actualmente la causa, cuándo se registró la última actuación y qué trámite se dio al reclamo. Esos datos permitirían comprobar si la denuncia quedó efectivamente cajoneada.
LO QUE DEBE RESOLVER ALBA ROCÍO CANTERO
Tras jurar el 18 de noviembre como titular interina del Ministerio Público, Alba Rocío Cantero tiene ante sí una verificación concreta. Si Wolf conserva su cargo de asistente fiscal y carece de una autorización válida y vigente para prestar servicios en otro destino, corresponde disponer su retorno a la Fiscalía de Santa Rita y revisar los registros de asistencia y los haberes del periodo cuestionado.
Si se acreditan ausencias injustificadas u otras faltas, la Carta Orgánica prevé sanciones mediante un procedimiento que garantiza el derecho a la defensa. Si Wolf opta por continuar en la Gobernación durante el resto del mandato de Torres, hasta 2028, puede renunciar al cargo fiscal y deberá contar con el respaldo legal que corresponda para ejercer la función departamental.
La resolución y sus eventuales prórrogas deben mostrar quién autorizó el traslado y hasta cuándo. Las planillas deben acreditar dónde trabajó Wolf, quién controló su labor y cuánto pagó el Ministerio Público. Y la carpeta penal debe mostrar qué hizo la Fiscalía desde que recibió la denuncia.



