Tras dos periodos consecutivos al frente de la Municipalidad de Presidente Franco, Roque Godoy deja una administración con compromisos financieros por casi G. 3.000 millones y una nómina de 574 funcionarios. El diagnóstico presentado por el nuevo intendente, Arnold Ramírez, expone una situación en la que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir las deudas pendientes ni las obligaciones salariales de fin de año.
Los números presentados por la nueva administración contrastan con el discurso de tranquilidad financiera expresado por Godoy al abandonar el cargo. El relevamiento presupuestario, elaborado sobre la base de los documentos entregados por la gestión saliente hasta el 31 de octubre de 2026, registra una deuda total de G. 2.963.740.577.
De ese monto, G. 2.397 millones corresponden a compromisos que deben cubrirse con recursos genuinos de la institución. Sin embargo, la administración anterior dejó apenas G. 1.531 millones disponibles en caja, una suma insuficiente para responder a las obligaciones pendientes. El faltante adicional estimado para cubrir esas deudas asciende a G. 865.519.451.
La situación también compromete a los fondos provenientes de royalties, donde se registra una deuda de G. 317 millones y una retención de casi G. 165 millones. A esto se suman otras obligaciones y transferencias que deberán ser verificadas por la nueva administración.
574 FUNCIONARIOS Y UNA MILLONARIA MASA SALARIAL
Otro de los puntos que expone el diagnóstico es la cantidad de funcionarios municipales. La nómina registra actualmente a 574 personas, con un monto bruto mensual de G. 1.319 millones. El problema es que, según el equipo de Ramírez, no quedaron recursos para afrontar los compromisos salariales pendientes y el aguinaldo.
Mantener la actual estructura de personal y cumplir con esos pagos demandaría G. 3.958 millones, de acuerdo con las estimaciones presentadas. Sumando el faltante para cubrir las deudas heredadas, la necesidad financiera de la Municipalidad se aproxima a G. 4.825 millones.
Ante este panorama, la nueva administración considera necesario reducir los gastos destinados al personal en G. 1.573 millones, lo que podría traducirse en una importante cantidad de desvinculaciones. La medida apunta a adecuar la nómina al presupuesto aprobado por la Junta Municipal.
ANUNCIAN AUDITORÍA Y DENUNCIA
El equipo de Ramírez cuestionó las condiciones financieras y administrativas en las que recibió la institución y anunció que solicitará una auditoría de la Contraloría General de la República. También adelantó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el manejo de los recursos municipales durante la administración anterior.
La revisión deberá determinar cómo se generaron las obligaciones pendientes, cuál fue el destino de los recursos disponibles y si existieron irregularidades en la administración de los fondos públicos.
