Juicio por caso TÍA CHELA: Prieto quiere ANULAR EVIDENCIAS en su contra y de su PANDILLA.
El juicio oral contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupto, por el caso «Tía Chela», inició con intensos debates sobre pruebas no admitidas, pedido de nuevos informes y denuncias de irregularidades en el expediente. Por todos los medios, Prieto y su pandilla quieren anular evidencias sobre el escandaloso robo en pandemia. Hasta el momento, el exintendente y sus abogados no muestran documentos que digan que él y los otros procesados son inocentes. El juicio comenzó y proseguirá recién en un mes por las trabas que ponen Prieto y sus secuaces.
El juicio se inició este lunes ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. La causa investiga la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia de COVID-19 y un supuesto perjuicio patrimonial que la Fiscalía estima en más de G. 2.130 millones.
Pero el primer día no estuvo marcado por la producción de testimonios ni por la exposición de las pruebas principales. El debate quedó concentrado en los incidentes planteados por las partes y, particularmente, en el intento del Ministerio Público de incorporar nuevos elementos vinculados con una nota presentada por la empresa Tía Chela durante el proceso de contratación.
Son evidencias que muestran cómo Prieto y su gavilla robaron al pueblo en plena pandemia.
Los pedidos de la Fiscalía: El fiscal Silvio Corbeta solicitó nuevos informes a la DNCP, la Contraloría y la DNIT, además de la declaración del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, como testigo experto. Los requerimientos se basan en una nota de marzo de 2020 donde la firma proveedora notificó el cambio de marcas de fideos, arroz y azúcar por supuesta falta de stock durante la pandemia.
La postura de Prieto: La defensa aceptó los informes, pero rechazó la declaración de Encina. Denunció persecución selectiva al señalar que tres empresas modificaron marcas por el contexto de emergencia, pero solo se procesó a Tía Chela. Asimismo, exigió reincorporar 15 enlaces de video sobre la distribución de kits y la citación de 56 testigos excluidos previamente (entre ellos beneficiarios, pastores y sacerdotes). También cuestionó la validez del informe tributario base de la acusación, por estar impugnado en la justicia administrativa.
Cuestionamiento para dilatar juicio: La defensa de Francisco Arrua impugnó la citación de Encina por asumir el cargo en 2023, señalar falta de objetividad y denunciar graves alteraciones en la carpeta fiscal. Según expuso, la foliación de 11 tomos fue borrada con corrector y desaparecieron elementos clave, como la declaración del denunciante original, Celso «Kelembú» Miranda, y dos pendrives con evidencias. Ante esto, solicitó incorporar sus propias copias autenticadas de 2020.
Planteamiento de prescripción: El abogado de la procesada Maggi Fariña solicitó rechazar las pretensiones de la Fiscalía, argumentando que la nota del cambio de marcas no es un hecho nuevo y que la investigación precluyó, señalando además que la causa prescribió en marzo de 2025.
El Tribunal deberá determinar si los elementos solicitados por la Fiscalía cumplen con los requisitos para ser incorporados en esta etapa del proceso y, especialmente, si su inclusión afecta las reglas que rigen la etapa intermedia.
Tras escuchar los planteamientos de las defensas, el Tribunal decidió continuar con el tratamiento de los incidentes en una próxima jornada.
El Ministerio Público deberá contestar los cuestionamientos formulados por los abogados de los procesados, antes de que las magistradas resuelvan sobre la admisión o rechazo de los elementos cuestionados.
La decisión que adopte el Tribunal determinará si la Fiscalía podrá contar durante el juicio con los informes solicitados a organismos estatales y, eventualmente, con la declaración del titular de la DNCP.
Mientras tanto, las defensas también plantearon sus propios incidentes y solicitudes probatorias. En el caso de Prieto, su equipo pidió incluso la incorporación de 56 testigos adicionales, que se sumarían a los casi 100 testigos que ya fueron admitidos para el juicio.
La primera jornada deja así planteado el escenario de lo que podría convertirse en una prolongada discusión sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas.
La Fiscalía pretende sostener su acusación por lesión de confianza y asociación criminal, mientras que las defensas buscan impedir la incorporación de elementos que consideran extemporáneos, impertinentes o innecesarios para demostrar los hechos atribuidos a sus representados.
El Tribunal deberá resolver primero estas cuestiones antes de que el proceso ingrese plenamente en la etapa de producción de pruebas y declaraciones testimoniales.
La audiencia continuará el lunes 7 de septiembre, a partir de las 08:30, jornada en la que está previsto que prosiga el tratamiento de los incidentes y que la Fiscalía responda a los cuestionamientos formulados por las defensas.
