Hay más de 5.000 títulos ILEGALES de MEDICINA y la MAYORÍA estarían en Ciudad del Este.
Las universidades, Autónoma San Sebastián y María Serrana, con presencia en Ciudad del Este, son las que más títulos ilegales o mau dieron y la mayor parte estarían en la capital del Alto Paraná. Y esto quiere decir que son los brasileños quienes tienen estos títulos truchos que no sirven para nada, ya sea en la carrera de médico, odontología, especialmente. El caso ya está en el Ministerio Público y la denuncia es de la propia ANEAS, el órgano que acredita estas carreras superiores para formar a profesionales. Pero también hay abogados, arquitectos e ingenieros truchos. Los títulos universitarios ilegales superan los 17 mil.
La Universidad Autónoma San Sebastián, la Universidad Privada María Serrana, la Universidad Privada del Guairá, la Universidad María Auxiliadora (UMAX) instituciones con presencia en Ciudad del Este, figuran entre las mencionadas en el informe remitido por la ANEAES a la Fiscalía sobre títulos de Medicina provenientes de carreras sin acreditación vigente. El caso tiene especial repercusión en la capital del Alto Paraná, donde la formación médica privada atrae a numerosos estudiantes brasileños.
La investigación deberá determinar las responsabilidades y precisar a qué sedes corresponden los títulos observados.
Esta distinción resulta fundamental: la acreditación se concede por carrera y por sede o filial, mientras que el registro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no identifica la sede en el 97,3% de los casos, según advierte el material presentado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Entre enero de 2023 y octubre de 2026 fueron registrados 21.689 títulos de Medicina en Paraguay. De ese total, 5.314 estaban vinculados a ofertas que no contaban con acreditación vigente a la fecha del título, de acuerdo con el informe oficial de la agencia.
En el desglose por institución aparecen la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, con 1.260 títulos; la Universidad Privada María Serrana, con 1.209; y la Universidad Privada del Guairá, con 24. Las cifras corresponden a las universidades y no permiten afirmar que todos esos títulos hayan sido expedidos en sus filiales de Ciudad del Este.
La nómina incluye, además, a la Universidad María Auxiliadora, con 102 títulos; la Universidad Leonardo Da Vinci, con 35; la Universidad Columbia del Paraguay, con 12; y la Universidad del Sol, con ocho. Según el informe, estas cuatro últimas instituciones y la Universidad Privada del Guairá presentan situaciones que deberán ser examinadas conforme a sus antecedentes de evaluación.
ANTECEDENTES QUE ALCANZAN A CIUDAD DEL ESTE
La presencia de estas instituciones en la ciudad vuelve especialmente relevante la revisión de las ofertas académicas locales. En el caso de la Universidad Autónoma San Sebastián, el CONES ya había advertido en junio de 2024 que su carrera de Medicina en la filial de Ciudad del Este no contaba con la habilitación correspondiente. Ese antecedente debe distinguirse de la falta de acreditación: se trata de controles diferentes sobre el funcionamiento y la calidad de una carrera.
El material remitido a la Fiscalía también recuerda el caso de la Universidad Privada María Serrana, cuya carrera de Medicina fue objeto de clausura en la sede central y en Ciudad del Este en 2022, en un contexto de irregularidades relacionadas con certificados de estudios y firmas falsificadas atribuidas a funcionarios del MEC.
Estos antecedentes refuerzan una de las advertencias centrales de la ANEAES: que un diploma figure registrado ante una institución pública no basta para descartar irregularidades en la oferta académica o en los documentos que respaldaron su expedición.
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa y conformó un equipo investigador tras la presentación del informe encabezada por José Duarte Penayo, presidente de la ANEAES. La pesquisa deberá examinar las posibles irregularidades y establecer si existen hechos penalmente relevantes.
Entre las situaciones señaladas figuran carreras que no se sometieron a los procesos obligatorios de evaluación, títulos vinculados a ofertas sin habilitación o con habilitación vencida, constancias de prácticas médicas sin firmas ni sellos institucionales y documentos presuntamente falsificados.
El informe agrega que 2.469 de los títulos de Medicina observados corresponden a carreras que fueron evaluadas recién en 2025 y no consiguieron la acreditación.
EL PROBLEMA SUPERA A LA MEDICINA
La revisión también comprende Derecho, Odontología, Arquitectura e ingenierías, entre otras titulaciones. En las carreras cuya acreditación es obligatoria, la ANEAES identificó 17.647 títulos sin acreditación vigente.
La agencia aclaró que estos hallazgos no significan automáticamente que todos los títulos sean falsos ni establecen por sí solos la culpabilidad de personas o instituciones. Corresponde investigar cada situación y verificar la documentación que permitió registrar los diplomas.
CUESTIONAMIENTOS AL CONES POR FALTA DE CONTROLES
Otro punto central del documento es la actuación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). La ANEAES cuestiona la falta de medidas frente a carreras del área de la salud que no se presentan a los procesos obligatorios de acreditación, pese a las comunicaciones realizadas por la agencia.
Según los antecedentes incluidos en el material, en abril de 2026 volvió a solicitar acciones respecto a carreras de Medicina sin acreditación y con evaluaciones que evidenciaban deficiencias sustanciales. En mayo pidió también la intervención de oficio de 126 carreras de Derecho de 32 universidades que nunca se habían presentado a evaluación.
Para Ciudad del Este, la investigación plantea una exigencia concreta: identificar las filiales involucradas, precisar los periodos observados y explicar qué controles se aplicaron. La importante presencia de estudiantes brasileños amplía el alcance del problema, pero el punto central sigue siendo la responsabilidad de las universidades y de los organismos públicos encargados de supervisar la formación profesional.
