La senadora Zenaida Delgado habría condicionado un acuerdo con las tres funcionarias que la denunciaron por el supuesto cobro de dinero a cambio de nombramientos en el Congreso a la entrega de sus teléfonos celulares para eliminar las conversaciones de WhatsApp que contienen elementos relacionados con las acusaciones. Las denunciantes rechazaron la exigencia y finalmente se negaron a firmar el documento.
La situación fue revelada por Lidia González, una de las exfuncionarias afectadas, quien explicó que inicialmente acudieron a una reunión con representantes legales para analizar un acuerdo de no agresión. Sin embargo, durante las negociaciones surgió una condición que terminó frustrando el entendimiento: entregar los celulares para que un técnico enviado por la propia legisladora borrara todos los mensajes.
Según el relato de González, la propuesta contemplaba que un técnico de confianza de Delgado se encargara de eliminar las conversaciones almacenadas en WhatsApp. Las denunciantes temieron perder las evidencias que respaldan sus acusaciones, por lo que decidieron no aceptar el planteamiento. El documento también establecía restricciones para las funcionarias, entre ellas la imposibilidad de promover querellas contra la senadora y de continuar hablando públicamente sobre el caso ante los medios de comunicación.
La revelación contradice la versión inicial del abogado Óscar Tuma, representante legal de Delgado, quien había presentado el entendimiento como un acuerdo destinado a evitar que las partes siguieran ventilando cuestiones de su vida privada, sin afectar las investigaciones fiscales ni el proceso parlamentario. Las funcionarias habían denunciado un supuesto esquema de descuentos de bonificaciones y exigencias de dinero a cambio de nombramientos en el Congreso. El caso derivó en un pedido de pérdida de investidura contra Delgado, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el 4 de noviembre.
González manifestó que no dará marcha atrás y que prefiere poner sus dispositivos a disposición del Ministerio Público para que las evidencias sean examinadas dentro de la investigación.
