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Vicepresidente anuncia CONTROLES a Hambre Cero y crece la EXIGENCIA de rendición de cuentas al gobernador LANDY TORRES

SON US$ 126 MILLONES EN ALTO PARANA

El anuncio de una revisión de costos y mayores controles al programa Hambre Cero pone en la mira la gestión de la Gobernación de Alto Paraná. La fiscalización alcanza a todos. El décimo departamento acumula cuestionamientos sobre la calidad de los alimentos, los precios contratados y la falta de resultados públicos concluyentes sobre el hallazgo de vidrios en comida servida a escolares de Hernandarias. Es hora de que el cuestionado gobernador César Landy Torres rinda cuentas. Son 125 millones de dólares.

El vicepresidente de la República, Antonio Barrios, confirmó que Hambre Cero continuará, pero anunció una revisión de sus costos y un mayor control sobre la administración de los recursos públicos. La medida apunta a fiscalizar el dinero destinado a la alimentación escolar y la gestión de las instituciones responsables de contratar a los proveedores.

En Alto Paraná, el anuncio adquiere especial relevancia por el volumen de las contrataciones y las denuncias que rodean al programa administrado por el cuestionado gobernador César Landy Torres.

Según los antecedentes de las adjudicaciones, el monto alcanza aproximadamente US$ 126,7 millones. Se trata de contratos adjudicados para distintos periodos de ejecución, por lo que la cifra no debe confundirse con un presupuesto anual ni con dinero ya pagado.

La magnitud de los recursos exige una rendición de cuentas que permita contrastar los precios contratados con la cantidad, calidad y composición de las raciones efectivamente entregadas. Existen muchas denuncias de los padres de los alumnos por la mala calidad y la cantidad de los alimentos.

Los cuestionamientos sobre el costo de los alimentos requieren respuestas documentadas: cuánto se paga, qué recibe cada estudiante y quién certifica el cumplimiento del servicio.

Uno de los antecedentes más graves es el hallazgo de fragmentos de vidrio en el almuerzo de la Escuela Básica 2411 Mariscal Francisco Solano López, de Hernandarias. El episodio ocurrió el 15 de septiembre y obligó a suspender la distribución de la comida, que ya había llegado a alumnos de distintos grados. La provisión estaba a cargo de Maná.

La Gobernación anunció entonces una investigación administrativa e informó que las evaluaciones médicas iniciales de los estudiantes no mostraron alteraciones. Y con esto quisieron blanquear la grave negligencia, y el ejemplo de la mala calidad de los alimentos a un costo muy elevado que contrató Landy Torres.

Hasta el momento no se esclarece cómo llegaron los fragmentos a los platos ni se determinan responsabilidades. En los antecedentes consultados no se localizó un resultado público concluyente del sumario ni una explicación personal del gobernador que resuelva esas preguntas.

Otro punto que debe alcanzar la fiscalización es la facturación durante jornadas sin actividades escolares. El paro docente convocado para este lunes 9 de noviembre plantea la necesidad de conocer qué instrucciones recibieron los proveedores de Alto Paraná, en cuáles instituciones se suspenderá el servicio y cómo se documentarán las raciones efectivamente entregadas.

El Ministerio de Desarrollo Social ya anunció que ese lunes no habrá alimentación escolar en Asunción, Central y Presidente Hayes. La Gobernación de Alto Paraná también comunicó la suspensión de la provisión ante la medida de fuerza docente.

En Alto Paraná corresponde transparentar las órdenes de servicio, las planillas de recepción y las facturas vinculadas a esa jornada. Es hora de que el cuestionado gobernador rinda cuentas; la población ya no tolera estos hechos de corrupción en nombre de los sectores más vulnerables.

El control debe impedir que se reconozcan como entregadas raciones que los estudiantes no recibieron.

El anuncio de Barrios también reabre la discusión sobre la concentración de recursos en las gobernaciones, cuestionada desde el propio oficialismo. El senador Gustavo Leite había utilizado la expresión “nuevos virreyes” para referirse al poder económico y político acumulado por los gobernadores.

Para Alto Paraná, la revisión anunciada debería traducirse en resultados verificables: publicar los costos, acreditar las entregas y esclarecer el caso de Hernandarias. La continuidad de Hambre Cero debe ir acompañada de garantías sobre la seguridad de los alimentos y el destino de cada pago realizado con fondos públicos.

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