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MENSURA DE ORO de la FINCA 66: Fiscalía posterga la causa y acecha el riesgo de impunidad para PRIETO y su tía NIDIA SILVERO de PRIETO

La investigación por el presunto esquema de sobrefacturación en la Municipalidad de Ciudad del Este se tramita a paso de tortuga en Asunción. Organizaciones ciudadanas advierten que el expediente, que compromete a la exdirectora jurídica Nidia Silvero de Prieto, se encamina peligrosamente a la prescripción. La citada es esposa de Antero Prieto, y ambos son tíos de Miguel Prieto Vallejos, exintendente destituido por corrupto.

La causa penal que investiga el presunto desfalco a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este, conocida popularmente como la «mensura de oro», avanza con excesiva lentitud en los pasillos de la Fiscalía General de la República en Asunción. Esto una vez más evidencia que Miguel Prieto y toda su pandilla tienen protección desde el Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón.

La alerta fue encendida por el abogado Víctor Enríquez, representante de la Contraloría Ciudadana de la capital de Alto Paraná, quien advirtió sobre la falta de celeridad judicial en un caso de alto impacto patrimonial.

El centro de las pesquisas apunta a la gestión municipal durante el periodo 2021-2022 y compromete de forma directa a la abogada Nidia Silvero de Prieto, exdirectora jurídica durante la administración del intendente Miguel Prieto, destituido por corrupto.

La tía de Prieto, actual postulante al Consejo de la Magistratura. Según los antecedentes, Silvero de Prieto firmó el dictamen técnico-legal que dio vía libre a los pagos bajo sospecha.

O sea, la cuestionada abogada fue cómplice y dio ropaje legal a un verdadero saqueo a las arcas municipales y quiere sentarse en el Consejo de la Magistratura.

Los documentos expuestos por los denunciantes revelan cifras desproporcionadas entre los costos reales de los trámites judiciales y los desembolsos efectivamente realizados por el municipio:

Edictos judiciales: Mientras que la publicación oficial en el diario ABC Digital figuraba en el expediente con un valor real de 585.000 guaraníes, la comuna terminó pagando montos multiplicados de manera injustificada.

Constitución del juez: El punto más severo del expediente atañe a la diligencia de inicio de la mensura. El propio magistrado interviniente confirmó públicamente que la arancelación oficial para dicho acto era de apenas 15 jornales (unos 1,5 millones de guaraníes) y que, por tratarse de una gestión municipal, el cobro había sido exonerado. Pese a esto, la administración comunal registró un pago de 267.300.000 guaraníes por este concepto.

Desde la Contraloría Ciudadana recordaron que esta causa forma parte de un historial de denuncias presentadas contra la misma gestión, entre las que figura el manejo irregular de recursos destinados a ollas populares en diciembre de 2020 mediante el presunto uso de facturas falsas.

Sin embargo, el factor más crítico en la «mensura de oro» es el reloj. Al haberse ejecutado las maniobras entre 2021 y 2022, el proceso judicial se aproxima a la barrera de los cinco años, plazo límite establecido por la normativa penal para la prescripción del delito. Los denunciantes temen que la inacción fiscal termine extinguiendo la causa y dejando impune el presunto perjuicio a las arcas públicas.

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