JUICIO POLÍTICO a Emiliano Rolón: La oposición DEBE INCLUIR el “cajoneo” de más de 40 denuncias por CORRUPCIÓN contra Miguel Prieto.
El proceso de juicio político impulsado por legisladores de la oposición contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, de sumar a los causales vinculados con el escándalo financiero-político de Ueno Bank y la gestión del expresidente Santiago Peña la inacción del Ministerio Público ante las más de 40 denuncias por presuntos hechos de corrupción que pesan sobre el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, las cuales permanecen paralizadas y «cajoneadas» en la Fiscalía. Si no se incluye, los ciudadanos podrían interpretar que antes de castigar a un inoperante están realizando una persecución política.
El libelo acusatorio, cuya formulación corresponde a la Cámara de Diputados para su posterior juzgamiento en el Senado, contempla inicialmente cuatro grandes ejes que argumentan el mal desempeño de funciones y el pedido de destitución del titular de la institución penal. En el texto original no se incluyen las cajoneadas de los casos de corrupción contra Prieto, quien es el único “opositor” que nunca abrió la boca para criticar la gestión del titular del Ministerio Público, al contrario, le estuvo salameando.
Ejes centrales del libelo acusatorio
1. Inacción y parálisis tras el colapso de Ueno
El documento señala la inoperancia del fiscal general ante la mayor crisis financiera y política en la historia democrática reciente del país, desencadenada por el colapso del banco Ueno —entidad que administró cuantiosos fondos públicos y cuya plana directiva terminó privada de libertad—, hecho que derivó en la caída e imputación de Santiago Peña. Según la acusación, la lentitud y la falta de conformación oportuna de equipos fiscales permitieron la pérdida de evidencias determinantes y el vaciamiento de dependencias clave.
2. Cajoneo de denuncias y conflicto de intereses
Se objeta que la denuncia inicial presentada por legisladores en 2025 sobre el esquema de Ueno fue retenida durante siete meses sin designación de un agente fiscal. Durante ese período de inacción, el fiscal general mantuvo reuniones directas en Mburuvicha Róga para negociar incrementos presupuestarios con las autoridades nacionales, vulnerando la aparente independencia e imparcialidad requeridas por el cargo.
3. Cesión inconstitucional de funciones a la Contraloría
El libelo destaca que la Fiscalía delegó indebidamente la investigación penal en un análisis administrativo de la Contraloría General de la República —órgano que previamente se había desentendido de realizar exámenes patrimoniales al titular del Ejecutivo—, otorgando un marco de aparente regularidad formal a hechos que requerían indagatoria penal técnica.
4. Desatención del testimonio de Luz Candado y actuación extemporánea
Pese a las revelaciones públicas sobre la presencia de fajos de divisas ocultos en sobres dentro de la residencia presidencial, el Ministerio Público omitió realizar allanamientos o diligencias básicas. La imputación y orden de detención se ejecutaron únicamente tras la definición del escenario político en el Congreso, demostrando un actuar condicionado y no basado en criterios técnicos preexistentes.
5. ABANDONO DE DEPENDENCIAS TÉCNICAS Y DEL CASO MIGUEL PRIETO
A la desatención del laboratorio forense —instancia crítica para el sustento de la investigación penal— se suma la parálisis sistemática de las causas contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Los promoventes del juicio político remarcan que la acumulación de al menos 40 denuncias cajoneadas sin avance procesal confirma un patrón selectivo de omisión del deber de perseguir el delito.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ACUSACIÓN
El planteamiento de destitución se sustenta en la transgresión manifiesta de las normativas vigentes:
- Infracción de la Ley Orgánica del Ministerio Público: Incumplimiento del deber legal de dirigir la institución, asignar causas y velar por el impulso oportuno de las investigaciones (Arts. 17, 49, 76 y 79).
- Vulneración del criterio de objetividad: Violación del artículo 54 del Código Procesal Penal al supeditar las actuaciones a los tiempos políticos y comprometer la imparcialidad del órgano investigador.
- Infracción de estándares internacionales: Incumplimiento de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales (La Habana, 1990), que exigen imparcialidad, prontitud y combate prioritario a la corrupción pública, encuadrando la conducta en una infracción intencional del ordenamiento jurídico bajo la doctrina asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ríos Ávalos y otro Vs. Paraguay.
