ABUSO y CORRUPCIÓN: Municipalidad de Ciudad del Este BLOQUEA a contribuyentes para FORZAR pago por ESTACIONAMIENTO
Contribuyentes denuncian que la Municipalidad de Ciudad del Este les impide pagar tributos y realizar gestiones por supuestas deudas de estacionamiento con A-TEC Paraguay (Estacionamiento Digital), de San Marino Inversiones S.A. Los casos incluyen un reclamo de G. 12.000 por un día presuntamente no tarifado y otro de G. 24.000 que una usuaria asegura haber pagado. Los testimonios plantean cuestionamientos sobre la verificación de las deudas y el uso del sistema municipal para exigir su cobro. La concesión la hizo el exintendente. Miguel Prieto Vallejos, a su amigo Diego Fernando Arevalos.
Acudir a la Municipalidad de Ciudad del Este para cumplir con una obligación tributaria y encontrarse con un bloqueo por una deuda de estacionamiento. Esa es la situación denunciada por usuarios del sistema administrado por A-TEC Paraguay, también identificado como Estacionamiento Digital, de la firma San Marino Inversiones S.A.
Las identidades de los afectados se mantienen en reserva por temor a represalias de la institución municipal y de la concesionaria. Según sus relatos, los bloqueos se levantan únicamente después de cancelar los montos reclamados por la empresa, incluso cuando los ciudadanos cuestionan la existencia de esas deudas.
Uno de los denunciantes relató que fue a pagar su tributo municipal y recibió como respuesta que estaba bloqueado por una supuesta multa de tránsito. Sin embargo, al consultar en la dependencia correspondiente, le indicaron que el impedimento respondía a una deuda de G. 12.000 por estacionamiento con A-TEC.
El contribuyente sostiene que le exigieron cancelar primero ese monto para poder pagar sus impuestos y continuar con cualquier gestión municipal. Su objeción fue que el cargo correspondía a una fecha en la que, según afirma, no se cobraba por estacionamiento.
Pese al reclamo, asegura que no le ofrecieron una revisión del registro ni una explicación documentada. La respuesta, según su testimonio, fue que debía pagar para obtener el desbloqueo.
PAGÓ, PERO VOLVIÓ A APARECER COMO DEUDORA
Otra afectada denunció que tampoco pudo realizar una gestión municipal porque figuraba bloqueada por una supuesta deuda de G. 24.000.
La mujer reconoce haber estacionado en el centro en la fecha y el horario registrados, pero asegura que pagó a una cobradora. Esta le habría explicado que no podía imprimir el comprobante porque su dispositivo POS tenía problemas.
Días después, al regresar a la zona comercial, otra cobradora le informó que tenía pendiente el mismo importe. La usuaria respondió que ya lo había abonado e intentó reclamar ante la empresa, pero sostiene que no consiguió que atendieran su caso.
De confirmarse este relato, una falla en la emisión o el registro del comprobante habría terminado trasladándose a la contribuyente, quien quedó expuesta a pagar nuevamente y, además, a restricciones en la Municipalidad.
Los denunciantes también cuestionan la identificación del personal de cobranza. Afirman que algunos trabajadores no exhiben sus carnés y que los chalecos carecen de una identificación individual visible, lo que dificulta determinar quién recibió el dinero cuando surge una controversia.
UNA CONCESIÓN ADJUDICADA DURANTE LA GESTIÓN DE PRIETO
La tercerización del estacionamiento tarifado proviene de la Licitación Pública Nacional 01/2019, impulsada durante la administración de Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto en 2025. En diciembre de 2019 se informó de la aprobación de la adjudicación a A-TEC Paraguay, de San Marino Inversiones. La empresa comenzó a operar en marzo de 2020. Diego Arévalos fue identificado en publicaciones periodísticas como representante y posteriormente, como socio propietario de A-TEC.
Diego Arévalos, un poblador de la ciudad de Presidente Franco, quien es amigo personal de Prieto.
El pliego original establecía un plazo de prestación de siete años y asignaba a la concesionaria el cobro directo a los usuarios. También contemplaba la provisión de equipos y herramientas, la contratación del personal y el uso obligatorio de uniforme. La fiscalización del servicio quedaba a cargo de la Municipalidad, a través de la Dirección de Recaudaciones.
Respecto de los ingresos, un informe de ABC Color de enero de 2023, con declaraciones de responsables municipales, describía una distribución del 50% de la recaudación para la empresa y el 50% para la comuna. Se trata del esquema informado entonces, cuya aplicación actual debe respaldarse con el contrato, las adendas y las rendiciones correspondientes.
La Ordenanza N.º 013/2025 establece que la concesionaria debe garantizar la trazabilidad de las operaciones y la disponibilidad de los registros para la fiscalización municipal. Además, reconoce la validez del comprobante digital y dispone que la recaudación y las transferencias a la comuna se rijan por el contrato, el pliego y sus adendas. Esas obligaciones resultan centrales para esclarecer los cobros cuestionados.
¿QUÉ DISPOSICIÓN PERMITE BLOQUEAR LAS GESTIONES?
Los testimonios obligan a precisar quién dispone los bloqueos, qué documentación los respalda y qué procedimiento existe para que un ciudadano cuestione una deuda antes de sufrir restricciones.
La Ordenanza N.º 040/2024 contiene una disposición que permite liquidar conjuntamente determinados recursos municipales y condicionar unos pagos a otros, siempre que exista identidad de sujetos y una justificación recaudatoria.
Sin embargo, exceptúa expresamente la facturación del impuesto inmobiliario, que debe liquidarse por separado. Esa disposición, por sí sola, no permite concluir que cualquier reclamo de la concesionaria habilite un bloqueo general de trámites.
El cuestionamiento no se agota en los G. 12.000 o G. 24.000. El problema es que una deuda discutida pueda convertirse en un impedimento para realizar gestiones públicas sin una explicación documentada ni una vía efectiva de reclamo.
La Municipalidad debe explicar el fundamento y el alcance de estas restricciones. A la concesionaria le corresponde respaldar los cargos con registros verificables y esclarecer qué ocurre cuando sus cobradores reciben dinero y no entregan comprobantes. La existencia de una concesión exige controles sobre la empresa y garantías para los usuarios, especialmente cuando los reclamos terminan afectando su relación con la administración municipal.
